Jujuy A DiarioEl Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el Gobierno de Javier Milei: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye modificaciones al régimen de tierras rurales y que desató una fuerte puja política entre el oficialismo, la oposición y organizaciones sociales. Tras varias semanas de negociaciones y un cuarto intermedio por falta de votos, la Cámara Alta volverá a tratar el expediente con cambios incorporados a último momento.
La iniciativa busca fortalecer las garantías para la propiedad privada, limitar las expropiaciones, agilizar los procesos de desalojo y modificar aspectos de la Ley de Tierras Rurales. El punto más discutido es el referido a la participación de capitales extranjeros en la compra de tierras, especialmente aquellas consideradas estratégicas por su ubicación o recursos naturales.
Qué propone la reforma
El proyecto original eliminaba prácticamente todas las restricciones para que personas y empresas extranjeras adquirieran tierras rurales en Argentina, derogando los límites establecidos por la Ley 26.737, vigente desde 2011. Esa propuesta generó un amplio rechazo político y social.
Ante la falta de respaldo suficiente en el Senado, el oficialismo modificó el texto. La nueva versión mantiene un límite nacional del 25 % de tierras rurales en manos extranjeras, reemplazando el esquema anterior que fijaba un tope del 15 %. El cambio fue incorporado para intentar sumar el apoyo de bloques dialoguistas y evitar una derrota legislativa.
Sin embargo, al no contar con los votos necesarios, el bloque de La Libertad Avanza -encabezado por Patricia Bullrich- debió dar marcha atrás con dicho capítulo.
Qué dijo el oficialismo
El oficialismo informó que en “una reunión del bloque con 44 senadores integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, en la que se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales”.
“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, agregó.
Destacó que “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes.
La Libertad Avanza precisó que “se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley el día de mañana (por hoy), que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio.
Además, señaló que el capítulo referido a la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible.
El contexto político
La discusión expone una de las principales tensiones políticas del Gobierno en el Congreso. La administración de Javier Milei sostiene que la flexibilización permitirá atraer inversiones, desarrollar proyectos productivos y dinamizar la economía.
En cambio, Unión por la Patria, sectores provinciales, organizaciones ambientalistas, movimientos campesinos y comunidades indígenas advierten que la reforma podría favorecer la concentración de tierras y comprometer la soberanía sobre zonas estratégicas, especialmente aquellas con agua, minerales o ubicadas en áreas de frontera.
Una votación clave para el Gobierno
El oficialismo llega a la sesión tras intensas negociaciones con bloques aliados. La falta de consenso ya había obligado a postergar el tratamiento semanas atrás y reescribir parte del proyecto.
La expectativa está puesta en si las modificaciones alcanzarán para reunir los votos necesarios en una sesión que se anticipa extensa y con un fuerte debate político. Mientras tanto, organizaciones sociales convocaron movilizaciones frente al Congreso para expresar su rechazo a la reforma y reclamar que se mantengan las restricciones vigentes sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
