Jujuy A DiarioEl Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional ya ingresó a la Cámara de Diputados y plantea un escenario económico basado en crecimiento, desaceleración de la inflación y continuidad del superávit fiscal. Pero además del cuadro macroeconómico, el proyecto incorpora cambios y definiciones sobre gasto social, universidades, obra pública, deuda, seguridad y defensa que serán algunos de los puntos más sensibles durante el debate parlamentario.
El proyecto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre. En términos promedio, el Gobierno estima una inflación del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%. También calcula exportaciones por unos US$133.000 millones y un superávit comercial superior a los US$15.000 millones.
El eje fiscal es uno de los aspectos centrales. El Ejecutivo plantea mantener el resultado positivo de las cuentas públicas y proyecta para 2027 un superávit primario de alrededor del 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. El Gobierno sostiene que se trataría del cuarto año consecutivo con superávit financiero, mientras que el proyecto establece que el equilibrio de las cuentas públicas continuará como una regla central de la política económica.
Otro dato relevante aparece en la composición del gasto. Para la Administración Nacional, los recursos proyectados alcanzan aproximadamente $198,96 billones, mientras que los gastos rondan los $198,72 billones, según las estimaciones incluidas en el proyecto. Los servicios sociales concentran la mayor parte de las erogaciones, con seguridad social, salud, educación y cultura entre las funciones de mayor peso.
Uno de los puntos que promete mayor discusión es precisamente cómo se sostendrá el equilibrio fiscal frente a las necesidades de gasto social. El proyecto contempla modificaciones que alcanzan mecanismos vinculados con prestaciones sociales y discapacidad. Entre ellos, aparecen cambios sobre la actualización de asignaciones familiares y disposiciones relacionadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuestiones que ya generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales.
Las universidades nacionales también estarán en el centro del debate. El proyecto incluye una partida específica para su funcionamiento, inversión y programas especiales y establece mecanismos de información para la asignación, ejecución y evaluación de los fondos transferidos. La discusión estará atravesada por la relación entre los recursos previstos, los costos salariales y de funcionamiento y las obligaciones que el sistema universitario reclama al Estado nacional.
La obra pública aparece con un peso acotado dentro de la estructura general del gasto. En el consolidado del Sector Público Nacional, los gastos de capital representan alrededor del 2,9% del gasto total, equivalente a cerca del 0,4% del PBI. Esto convierte a la inversión pública nacional y a la continuidad de determinadas obras en otro de los capítulos que deberán analizarse durante el tratamiento legislativo.
También hay un cambio importante en las previsiones de inversión privada: el Gobierno calcula que la inversión bruta fija crecerá 9,2% durante 2027, después de estimar una caída del 2,1% para 2026. El supuesto es relevante porque buena parte de la estrategia económica oficial apunta a que el crecimiento sea sostenido por la inversión y las exportaciones, además de una recuperación del consumo privado.
En materia de comercio exterior, el proyecto prevé exportaciones récord por unos US$133.000 millones y un saldo positivo de aproximadamente US$15.560 millones entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. El Gobierno apuesta así a que el sector externo continúe aportando divisas y sosteniendo el crecimiento económico.
Otro capítulo sensible es el financiamiento y la deuda pública. El esquema presupuestario contempla distintas fuentes de financiamiento, entre ellas instrumentos locales, bonos y créditos de organismos multilaterales, mientras que el proyecto mantiene herramientas para realizar operaciones de crédito público. La posibilidad concreta de acceder a financiamiento externo dependerá, entre otros factores, de las condiciones de los mercados internacionales.
El presupuesto también refuerza determinadas áreas vinculadas con defensa y seguridad, mientras que el proyecto incorpora al Centro Nacional de Ciberseguridad dentro de la estructura presupuestaria. El debate sobre estas partidas se suma a la discusión más amplia sobre cuáles serán las prioridades del Estado en un escenario en el que el Gobierno busca mantener el equilibrio fiscal.
Para Jujuy, el proyecto incluye información presupuestaria específica dentro de los anexos de distribución geográfica de los recursos y gastos nacionales. El Ministerio de Economía publicó cuadros diferenciados para cada provincia, incluida Jujuy, lo que permitirá analizar qué obras, programas y organismos nacionales tienen asignaciones previstas para el territorio provincial durante 2027.
El proyecto ingresó formalmente a Diputados como Expediente 0013-JGM-2026, con fecha 15 de septiembre, y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde allí comenzará una discusión que no estará limitada a los números macroeconómicos: el verdadero debate pasará por qué partidas quedan garantizadas, cuáles dependen de decisiones posteriores, cómo se distribuye el gasto y qué margen tendrá el Estado para modificar prioridades durante 2027.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
