La Fiscalía General de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien ahora enfrenta una investigación por seis delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra el Estado, destrucción de bienes públicos y obstaculización de procesos electorales, en el marco de las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio de este año.
La decisión judicial se produce tras una investigación que atribuye al exmandatario una presunta participación en las movilizaciones que mantuvieron bloqueadas rutas estratégicas durante 53 días y que, según las autoridades bolivianas, dejaron un saldo de 22 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas.
La Fiscalía suma nuevos cargos contra Evo Morales
Con esta resolución, Morales enfrenta una segunda orden de detención. La primera continúa vigente desde mayo de 2026, cuando un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio oral por un caso de presunta trata de personas, lo que derivó en una orden de captura y arraigo.
El fiscal general, Roger Mariaca, sostuvo que la ejecución de la orden corresponde a la Policía Boliviana, mientras que el Ministerio Público ya cumplió con los procedimientos judiciales necesarios para solicitar su aprehensión.
Evo Morales denuncia persecución política
Desde el Chapare, donde permanece resguardado por sectores afines, Evo Morales rechazó las nuevas acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política impulsada por el Gobierno boliviano para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país.
La nueva orden de detención profundiza la crisis política en Bolivia y aumenta la tensión entre el oficialismo, la Justicia y el sector que continúa respaldando al exmandatario, mientras la Policía evalúa cómo ejecutar la medida judicial en una región donde Morales mantiene un fuerte respaldo sindical y social.












