La Corte Suprema de Justicia debe revisar la constitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy que encabezó el gobernador Gerardo Morales. Al menos asà se pronunció el procurador general interino Eduardo Casal en un dictamen firmado este viernes 4 de agosto.
La decisión de la Procuración llegó luego de que el Ministerio de Justicia a cargo de MartĆn Soria se presentara ante el MĆ”ximo Tribunal con un reclamo para que se revisen las reformas aprobadas a fines de junio pasado en medio de un clima de protestas y feroz represión.
A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, opinó Casal.
Casal sostuvo que “en efecto, toda vez que el Estado nacional, que tiene derecho al fuero federal (ā¦), demanda a la provincia de Jujuy (ā¦) entiendo que la Ćŗnica forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”
La resolución, de tres carillas, arranca con un repaso de los puntos centrales que habĆa presentado el Ministerio de Justicia en su demanda del 4 de julio pasado, donde le exigĆa a la Corte que suspenda la aplicación de la reforma constitucional.
Entre algunos de los puntos, el Estado nacional habĆa denunciado que de llevarse a la prĆ”ctica algunos de los artĆculos reformados como el 67 incisos 4, 94 y 95 “se vulnerarĆan los derechos a la participación polĆtica, libertad sindical, a huelga, libertad de asociación, reunión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos y garantĆas establecidos en la Constitución Nacional”

El pedido del ministro Soria
La demanda del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentada en la Corte Suprema pidió la suspensión de la aplicación de algunos artĆculos reformados en nuestra Constitución. En particular, MartĆn Soria le requirió al mĆ”ximo tribunal que dicte una cautelar sobre aquellos que limitaban el derecho a la protesta y que afectaban los derechos de los pueblos originarios.
El escrito, elaborado por la Dirección General de Asuntos JurĆdicos, expresaba que el artĆculo 67 inc. 4, 94 y 95 vulneraban derechos y garantĆas establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales, asĆ como con el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley N° 24.071.
Unos dĆas antes de la presentación del documento, Soria habĆa confirmado que el reclamo se hizo en base a un pedido que hizo el presidente Alberto FernĆ”ndez luego de los enfrentamientos y la represión en Jujuy.
En declaraciones a la prensa, Soria aseguró: “Lo que intentan es suprimir el derecho a la protesta que estĆ” garantizado en la Constitución. Buscan crear el marco jurĆdico para poder reprimir a quienes no estĆ©n de acuerdo con las ideas de estos personajes nefastos”.












