Esta semana se debatirá en la Casa de Piedra la designación de cargos judiciales en el interior de la provincia, y a los representantes en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos.
El presidente del bloque Cambia Jujuy, Alberto Bernis, expresó que mañana ingresarán los pedidos de acuerdo para la designación de los siguientes jueces,”se le presentará acuerdo a la Dra. Graciela Alejandra Silva, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de familia de la sede Libertador General San Martín; la Dra. Jaqueline de los Ángeles Araez como Juez del Tribunal de Familia, sala III, vocalía Nº 7 de San Pedro; a la Dra. Alejandra Daniela Torres como Juez en Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia en Perico; y la Dra. Teresa Lewin Nakamura como Juez Tribunal de Familia, sala II, vocalía Nº6 de San Salvador”.
Asimismo, Bernis explicó que también ingresará el pedido para que el C.P.N. Carlos Alfonso sea designado como Vocal Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia, cargo que quedó vacante debido a que el administrador Juan Brajcich, irá como Vocal de la SuSePu, “seguramente desde el miércoles se harán las entrevistas correspondientes en la Comisión de Asuntos Institucionales para poder sesionar el día jueves y aprobar los acuerdos”, agregó.
En tanto, el presidente del bloque Primero Jujuy, Gaspar Santillán, dijo que la Labor Parlamentaria también va a tratar la modificación de la Ley 4.888 que tiene que ver con el Marcos Regulatorio de la actividad eléctrica de la provincia de Jujuy bajo el nombre de la ley Yolanda, “que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”.
Por último, se dará ingreso a la designación de representantes al Poder Ejecutivo y al Legislativo en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, donde el mismo debe estar conformado por un miembro designado a propuesta por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y uno por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente y en actividad vigente, “el Ejecutivo ha mandado a la licenciada Sapag, y el Poder Legislativo a la Lic. en Psicología, María José Pintos”.