En medio de las investigaciones, Salud absorbió a la ANDIS por decisión de Milei

El Gobierno nacional anunció la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la estructura central del Ministerio de Salud con rango de Secretaría, un movimiento clave para recuperar la rectoría estatal en políticas de discapacidad. Esta decisión busca eliminar las capas burocráticas acumuladas desde 2017, que generaron manejos opacos e incompatibles con la transparencia requerida en un área tan sensible.

La transformación implica una unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, junto con la eliminación de superposiciones funcionales. Se reduce un 45,7 % la estructura jerárquica de la ANDIS, integrando sistemas de control médico, administrativo y financiero para mejorar la trazabilidad de expedientes. Esto permitirá auditorías permanentes sobre prestaciones y prestadores, asegurando que los recursos públicos lleguen exclusivamente a quienes los necesitan.

La medida surge de la intervención dispuesta en agosto de 2025, que reveló graves falencias en la gestión previa. Entre los hallazgos principales destacan pensiones otorgadas sin documentación válida o con incompatibilidades económicas, familiares de beneficiarios fallecidos que seguían cobrando beneficios, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron por años sin prestar servicios reales.

Detalles de la causa

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se inició en agosto de 2025 tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector Diego Spagnuolo, quien habría mencionado un esquema de coimas pagadas por droguerías como Suizo Argentina para adjudicarse compras de medicamentos para discapacitados, involucrando supuestamente a figuras cercanas al Gobierno como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en el Juzgado Federal N°11, incluyó 14 allanamientos en sedes de ANDIS y la droguería mencionada, con secuestro de dispositivos electrónicos, y ya cuenta con 15 imputados citados a indagatoria, bajo foco en sobreprecios y origen de las grabaciones. El Gobierno respondió con una auditoría interna, intervención del organismo por Alejandro Vilches vía Decreto 601/2025 y, recientemente, su transformación en secretaría del Ministerio de Salud para eliminar irregularidades como pensiones fraudulentas por unos 3.400 millones de dólares detectados en gestiones previas.