Cobros en salud, en educación y deportaciones, la reforma migratoria que estableció el Gobierno Nacional

El Gobierno encabezado por Javier Milei, difundió este miércoles una reforma migratoria que busca endurecer el régimen migratorio vigente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta reforma implica modificaciones en los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, así como nuevas condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

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Entre los principales ejes de la reforma se destacan la exigencia de presentar un seguro médico para ingresar, la obligación de que inmigrantes ilegales, transitorios y temporales paguen por los servicios de salud, y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren a estudiantes extranjeros. Además, se endurecen los criterios para otorgar la ciudadanía, que ahora solo se concederá a quienes residan de forma continua durante dos años sin salir del país.

La reforma también establece medidas estrictas contra la delincuencia vinculada a extranjeros: Cualquier persona condenada que intente ingresar será rechazada, quienes sean encontrados en pasos no habilitados serán expulsados inmediatamente, y se facilitarán las deportaciones de extranjeros condenados por delitos, acortando los plazos de apelación. El Gobierno busca así evitar que delincuentes se aprovechen de la normativa migratoria actual.

Este cambio normativo responde a la intención del Ejecutivo de restablecer el orden migratorio y evitar abusos en el uso de servicios públicos, como la salud, que en 2024 generaron un gasto estatal significativo. El vocero presidencial Manuel Adorni resaltó que la reforma busca recibir a quienes quieran construir un país libre y próspero, mientras se expulsará a quienes incumplen la ley, en línea con el discurso de “hacer a la Argentina grande otra vez”

En resumen, la reforma migratoria anunciada este miércoles implica un endurecimiento en los requisitos para residir y obtener la ciudadanía, la implementación de cobros por servicios públicos para extranjeros, y un régimen más estricto para la expulsión de quienes cometan delitos, buscando así un control más riguroso de la migración en Argentina.