Jujuy A DiarioLa causa que investiga el fallecimiento de Yamila Chávez, la joven de 27 años que perdió la vida en la Maternidad Josefina Scaro del Hospital Carlos Snopek (Alto Comedero), sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión judicial y social. Durante una movilización encabezada por familiares y organizaciones sociales, su tía, Mariela Suárez, ratificó una serie de denuncias por inconsistencias documentales y reclamó que el caso se caratule y tramite formalmente bajo la figura de violencia obstétrica e institucional con perspectiva de género.
El reclamo cobra máxima urgencia debido a los plazos procesales: a la querella le restan apenas 20 días hábiles para el cierre de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), lapso en el que solicitan incorporar pruebas testimoniales y peritajes clave.
Contradicciones entre el video del quirófano y la historia clínica
Uno de los ejes más contundentes señalados por la querella reside en el peritaje audiovisual del quirófano, material al que la familia logró acceder recientemente tras haber estado secuestrado por la Justicia.
Según expuso Mariela Suárez, el registro en video desmiente los asientos oficiales:
“Pudimos acceder al video secuestrado del quirófano donde se ve claramente que lo asentado en la historia clínica no coincide en nada con los horarios ni con los procedimientos registrados en la filmación.”
A estas discrepancias temporales se añaden presuntas adulteraciones materiales dentro del legajo de la paciente:
- Procedimientos no constatados: Asientos médicos que describen maniobras quirúrgicas que no guardan correspondencia con el examen corporal de la víctima.
- Estudios médicos ajenos: La inclusión dentro del expediente de Yamila de un electrocardiograma perteneciente a un paciente de sexo masculino.
Ante este panorama, la familia exige la fijación inmediata de la fecha para la junta médica interdisciplinaria, paso indispensable para dirimir las discrepancias técnicas de la autopsia y la atención clínica recibida.
El pedido de imputación amplia: “Hay una cadena de responsabilidades”
Hasta el momento, la causa cuenta con dos profesionales de la salud imputados (un médico del área obstétrica/maternidad y una profesional de guardia médica). No obstante, los allegados sostienen que las omisiones abarcan a un espectro institucional mucho mayor.
“No son solo ellos dos; vemos una cadena completa de responsabilidades institucionales. Desde el ingreso por guardia hasta la derivación tardía”, remarcó la vocera familiar.
Asimismo, generó malestar en la querella la situación laboral de los profesionales involucrados, quienes tras cumplir un período de suspensión administrativa por parte del Ministerio de Salud provincial, habrían quedado bajo régimen de licencia especial mientras se define su continuidad en el sistema sanitario.
Presentación de escrito autónomo: Violencia obstétrica y Ley Micaela
Acompañados por carteles con lemas como “Investigar una muerte materna no es un favor, es una obligación del Estado” y referencias al fallo internacional Brítez Arce, la querella ingresó un escrito autónomo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El documento solicita la aplicación transversal de:
- Perspectiva de género en la instrucción penal.
- Ley 26.485 (Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres).
- Convención de Belém do Pará.
- Ley Micaela (Ley 27.499), que obliga a la capacitación continua de funcionarios públicos y efectores sanitarios.
La familia denunció que el cuadro inicial de abdomen agudo por embarazo ectópico —que derivó en un shock hipovolémico fatal tras horas de espera— fue inicialmente subestimado o desviado a interconsultas incompatibles con la urgencia del caso, constituyendo una presunta manifestación de violencia de género institucional y médica.
Cuenta regresiva para la Investigación Penal Preparatoria
Con el término perentorio de la etapa preparatoria a la vista, la querella insistió en que la Fiscalía habilite de inmediato:
- La toma de declaración testimonial a dos testigos clave que presenciaron las maniobras médicas dentro del quirófano.
- La admisibilidad de las nuevas pruebas documentales aportadas por las abogadas patrocinantes.
- El esclarecimiento formal de las inconsistencias en los asientos de enfermería y guardia.
“No queremos que se cierre la IPP en la nada sin que estas pruebas se investiguen a fondo. Son elementos fundamentales para llegar a la verdad”, concluyó Suárez.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
