Argentina sin estrategia de cambio climático. Como contracara, “Jujuy articula políticas concretas”

Argentina no cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático de largo plazo. Así lo determinó la Auditoría General de la Nación (AGN) e indicó que dicha estrategia debería incluir las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades nacionales. Aprobaron un informe sobre la gestión ambiental de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco del ODS 13 que establece adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Sin embargo, el auditor general Alejandro Nieva, destacó que en el otro extremo, la provincia de Jujuy viene articulando políticas concretas para luchar contra los efectos del cambio climático, como la generación de energías renovables con el parque solar más grande de Latinoamérica, Cauchari.

Es de carácter urgente que puedan tomarse medidas a nivel nacional para evitar las consecuencias del cambio climático en nuestro país”

Alejandro Nieva, auditor general de la Nación

También podría incluirse dentro de los aciertos de Jujuy, el avance en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que desde hace algunos años va proyectándose como un sistema concreto en el tema.

El informe de la AGN

Entre las principales observaciones encontraron que el presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) fue del 0,0016% del presupuesto nacional.

En un relevamiento realizado entre 2017 y 2019 encontró que la mayor parte de las medidas se destinaron a la mitigación, retrasándose las de adaptación que “son fundamentales para evitar las consecuencias del cambio climático en nuestro país”, subrayaron.

La AGN analizó las tareas de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) en relación a la gestión en la promoción de acciones tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático. El trabajo buscó determinar la eficacia y equidad de los planes, en el marco del compromiso nacional de reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al 2030, según lo dispuesto en Ley 27.270.

Los recursos humanos de la DNCC -encargados de la generación, actualización y comunicación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI) y los reportes bienales de actualización (BUR)- están constituidos casi en su totalidad por una planta contratada carente de estabilidad. “Solo el 8% está en planta permanente, el 23% en planta transitoria y el 69% son contratados”, explica el informe.

Ellos son los encargados de realizar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El mismo contabiliza los gases emitidos y absorbidos por la atmósfera durante un período de tiempo determinado. De esta manera se puede medir cuánto influye la actividad de un país en el cambio climático, a la vez que se firman acuerdos para bajar el nivel de contribución y así afectar menos al planeta.

“Surge la necesidad de realizar ajustes y mejoras en los INGEI de los sectores de energía e industria para evitar la posible duplicación en el recuento de gases, por ejemplo la vinculada al consumo de hidrocarburos como insumos en los procesos industriales”, señaló la AGN.

Generación de información

Para poder llevar adelante estas tareas, la DNCC también debe identificar las acciones del Observatorio Nacional del Cambio Climático en la generación de información científica y técnica para el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y otros organismos.

Al realizar los controles, los auditores hallaron que el Observatorio no había sido implementado, “es decir que no hay una institución que asista al GNCC con información científico-técnica que permita identificar potenciales eventos climáticos extremos”, indicaron.

Además comentaron que no se desarrollaron procedimientos ni metodologías estandarizadas para la generación de datos y la provisión de información desde los diversos actores sectoriales que permitan el monitoreo, el reporte y la verificación de las medidas de mitigación comprometidas en los planes nacionales de acción sectoriales.

La AGN resaltó que “algunas medidas no cuentan con financiamiento, esquema de monitoreo y correspondencia entre la Contribución Nacional Determinada (NDC) y el inventario. Tampoco se propusieron medidas de adaptación concretas, ni financiamiento definido en esta materia, solo el plan nacional de energía cuenta con algunas medidas de adaptación”

“El cumplimiento de la NDC requiere la implementación de una serie de medidas a lo largo de la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria e infraestructura”, aseguró.

Concretamente, en 2017 se presentaron los planes de acción de bosques, transporte -sin contemplar al sector fluvial y marítimo- y energía. En 2019 el de agricultura continuaba en estado de borrador.

Durante el período auditado tampoco se contó con el Plan Nacional de Adaptación previsto para 2019, tendiente a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia frente al cambio climático; ni con el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático en el mediano plazo.

Tampoco se evidenció una Estrategia Nacional de Cambio Climático de Largo Plazo que incluya medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad climática, a la modificación del régimen de lluvias, a los eventos naturales extremos y al aumento del nivel de las aguas para reducir la vulnerabilidad humana y de los ecosistemas a ese cambio.

Compromiso federal

En 2016 se articuló una acción llamada Compromiso Federal sobre el Cambio Climático, un espacio donde las provincias listaron sus acciones prioritarias de mitigación y adaptación, y la necesidad de financiamiento ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

La AGN constató que hubo una articulación insuficiente con el COFEMA que permita contar con un diagnóstico preciso a nivel provincial y municipal sobre la vulnerabilidad y los riesgos que priorice las medidas de mitigación y adaptación orientadas a las infraestructuras e inversiones a largo plazo, incluyendo las proyecciones de crecimiento poblacional y los posibles migrantes ambientales, y que tales medidas se contemplen efectivamente en los planes.

Además, en materia de gobernanza, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) registraba para la AGN “una débil articulación entre las diferentes áreas del gobierno nacional, y de éste con las provincias y CABA para integrar acciones de mitigación y adaptación”.

El informe explica que, respecto al ODS 13, Argentina no adaptó la meta 13.1 que busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

También, durante el período auditado, se abandonó la meta 13.3 “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”, incluida en el Primer Informe Voluntario Nacional de Julio 2017 pero no en el segundo el cual data de junio de 2020.

Con información de El Economista