La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea, cuyos detalles fueron revelados por una investigación periodística que denuncia sobreprecios, falta de transparencia y maniobras para favorecer a un único proveedor. Desde su cuenta de X, Villarruel vinculó la operación con el deterioro salarial del personal militar y el colapso de IOSFA, la obra social del sector, y apuntó directamente contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, mientras su crítica alcanza también al presidente Javier Milei, con quien mantiene un distanciamiento.
Una compra con irregularidades y un precio cuestionado
La investigación periodística señala que la aeronave adquirida por US$4.085.000 se encuentra en malas condiciones y costó casi el doble de cotizaciones de modelos similares, que rondaban los US$2.300.000. Según el reportaje, el presupuesto oficial fue de US$3,9 millones, cifra apenas por debajo del umbral que obliga a solicitar autorización parlamentaria, y el proceso administrativo se caracterizó por plazos exprés y acciones que, presuntamente, beneficiaron a un solo oferente. No es la primera vez que se detectan observaciones en compras aeronáuticas de la fuerza: desde 2021 se registraron anomalías en cuatro adquisiciones previas, entre ellas un Boeing 737-700 (T-99), un Saab SF-340 (T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (T-95 y T-96).
Villarruel contestó la nota de Clarín en X y afirmó que “varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados”, mientras cuestionó el destino de los recursos y preguntó “¿a quién responden estos uniformados?”. La titular del Senado ubicó sus señalamientos contra Presti; sin embargo, su mensaje también remite al Presidente, con quien el vínculo político está cortado desde hace meses y quien ha calificado a Villarruel como “traidora” en ocasiones anteriores.
Reclamos públicos, denuncias previas y la crisis de IOSFA
Además de criticar la compra, Villarruel fustigó la gestión de la obra social del personal militar y la caída de los salarios del sector. En X responsabilizó al exministro Luis Petri por un “paso fraudulento” en Defensa, que según ella provocó la merma salarial y la paralización de IOSFA. Petri, por su parte, aseguró que había denunciado penalmente el caso a fines de 2025 a raíz de la misma investigación periodística, y que presentó la denuncia antes de dejar su cargo.
La obra social enfrenta también un cambio institucional reciente: tras la renuncia de Sergio Maldonado, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza fue designado como nuevo presidente del directorio, en el marco del DNU N° 88/26 que dividió la cobertura entre el personal de seguridad (Ministerio de Seguridad) y el personal militar (Ministerio de Defensa). Fuentes citadas por medios indican que la situación financiera de IOSFA es compleja y que el traslado de responsabilidades profundiza la incertidumbre sobre la continuidad de prestaciones para militares y sus familias.
Reacciones y pedido de actuación judicial
Tras el desmarque de Villarruel, usuarios y comentaristas en redes reclamaron que la vicepresidenta presente pruebas formales y radique una denuncia en la Justicia por las irregularidades informadas. Desde distintos sectores políticos se multiplicaron cuestionamientos y defensas: mientras algunos apoyaron la demanda de transparencia, otros criticaron el timing político del pronunciamiento y recordaron disputas internas del oficialismo.
Qué sigue: posibles pasos institucionales
- Investigación judicial y administrativa: la existencia de denuncias previas y la publicación periodística pueden impulsar actuaciones en la Justicia Federal y auditorías de control interno en el Ministerio de Defensa.
- Fiscalización parlamentaria: si se acredita que el presupuesto quedó por debajo del umbral regulatorio para evitar autorización legislativa, la comisión correspondiente podría convocar a funcionarios y proveedores.
- Presión política y repercusiones en el oficialismo: el intercambio entre Villarruel y el Ejecutivo vuelve a exponer las divisiones internas y podría tensar acuerdos políticos clave en el Congreso.













