El despliegue de la Guardia Nacional por orden de Donald Trump desató una ola de repudio en California y un fuerte cruce con el gobernador Gavin Newsom.
Las calles del centro de Los Ángeles se convirtieron este fin de semana en escenario de protestas masivas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Miles de personas se movilizaron tras una serie de redadas que dejaron 44 migrantes detenidos, y la tensión escaló drásticamente cuando la Casa Blanca ordenó el despliegue de la Guardia Nacional sin el aval del gobierno estatal.
Durante la manifestación del domingo, al menos mil personas se enfrentaron a efectivos de seguridad federal. La represión fue inmediata: gases lacrimógenos, granadas de estruendo y una ola de detenciones que ya supera las 60 personas. Además de la Guardia Nacional, en el operativo participaron agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. “Queremos protestar de forma pacífica, pero Trump nos manda soldados. ¿Es necesario?”, cuestionó un manifestante frente al Centro de Detención Metropolitano.
La decisión presidencial generó una inmediata respuesta del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la intervención como “una grave violación de la soberanía estatal”. En un mensaje a la población, instó a mantener la calma: “No le demos a Trump lo que busca. Protesten en paz. Respétense entre ustedes y también a los agentes que están haciendo su trabajo”, escribió en la red social X. Newsom ya presentó una solicitud formal para que el gobierno federal retire a las tropas desplegadas.
La Guardia Nacional, históricamente reservada para emergencias como catástrofes naturales, fue activada esta vez para “proteger instalaciones federales”, según el Pentágono. Sin embargo, su uso en el contexto de disturbios civiles encendió las alarmas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que los efectivos están “entrenados para controlar multitudes”, aunque el contexto y el objetivo de su presencia fueron duramente cuestionados.
Estas protestas se enmarcan en una avanzada migratoria que endureció controles fronterizos, intensificó las deportaciones y vetó el ingreso de ciudadanos provenientes de 27 países. En ese contexto, California se planta como uno de los focos de mayor resistencia política y social.