Policías detenidos en Alto Comedero: La defensa denuncia una medida arbitraria y apelará la prisión preventiva

La defensa técnica de los efectivos policiales imputados por supuestas agresiones y vejaciones contra tres jóvenes durante un operativo en el barrio Alto Comedero anunció que impugnará la prisión preventiva de 10 días dictada por la Justicia. José Contreras, representante legal de dos de los cuatro uniformados privados de su libertad, calificó la detención como “ilegal e injusta”, asegurando que el personal actuó bajo órdenes jerárquicas y en cumplimiento estricto del uso proporcional de la fuerza pública ante una agresión física previa.

Audiencia de imputación y rechazo a la excarcelación

La causa, instruida por el fiscal Diego Funes, tuvo su audiencia de conocimiento de causa e imputación el último sábado en horas de la mañana. Durante el acto procesal, los cuatro uniformados fueron formalmente imputados bajo la carátula de vejaciones y lesiones leves.

La defensa solicitó la inmediata libertad de los efectivos o, de manera subsidiaria, el beneficio de la prisión domiciliaria. Ambas solicitudes fueron desestimadas por el magistrado interviniente, quien ordenó un período de 10 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación preliminar. Contreras adelantó que recurrirá la medida ante los tribunales de alzada al considerar que no existen riesgos procesales ni elementos objetivos que justifiquen el encarcelamiento del personal policial.

La versión de los uniformados: persecución, resistencia y detención

De acuerdo con el relato brindado por el letrado, la intervención de los efectivos se originó a partir de una orden directa de sus superiores para patrullar el sector de la pasarela y las inmediaciones de la cancha de rugby, una zona donde los vecinos denuncian reiterados robos y hechos de inseguridad.

En ese marco, los agentes detectaron el desplazamiento sospechoso de una motocicleta con tres personas a bordo (dos de ellas menores de edad) y sin la documentación del rodado visible en ese momento. Según la versión defensiva:

• Negativa al control y fuga: Al indicárseles que detuvieran la marcha y descendieran para la requisa habitual, los ocupantes —de los cuales al menos dos se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol— hicieron caso omiso y se dieron a la fuga a alta velocidad.
• Agresión a los efectivos: Tras una persecución, los ocupantes fueron alcanzados e interceptados en la intersección de avenida Farías y Undiano. Al momento de la aprehensión, los jóvenes habrían respondido con golpes de puño, patadas y amenazas contra los agentes.
• Reducción y esposamiento: Ante la resistencia violenta, los policías aplicaron técnicas de reducción física para neutralizarlos y proceder a su esposamiento. Durante la maniobra, uno de los sospechosos intentó escapar nuevamente arrojando golpes al personal interviniente.

Debate sobre el uso de la fuerza pública y las lesiones leves

Uno de los puntos centrales de la controversia judicial radica en las lesiones leves que constataron los médicos forenses en uno de los demorados, puntualmente un traumatismo en la zona ocular. Contreras argumentó que la defensa recién tomó conocimiento de la imputación por lesiones en la propia audiencia y adelantó que impugnará dicha acusación.

Asimismo, el abogado cuestionó el criterio de imputar penalmente a los efectivos tras reducir a sujetos hostiles:

¿Cómo se detiene a tres personas violentas si no es con el uso de la fuerza pública y siguiendo todos los protocolos vigentes? El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ya vimos antecedentes trágicos como lo ocurrido con el oficial Soto en las inmediaciones del patinódromo, donde la fuga de un menor terminó con la vida de un policía. Mis representados actuaron conforme a derecho para evitar un mal mayor».

Estado de la causa y próximos pasos procesales

Mientras los tres jóvenes demorados durante el procedimiento recuperaron la libertad a las pocas horas tras acreditarse la titularidad de la motocicleta, los cuatro agentes policiales continúan alojados en sede de detención bajo el régimen de prisión preventiva.

El equipo legal encabezado por Contreras formalizará en las próximas horas el recurso de apelación contra la medida de coerción dictada por el fiscal Diego Funes, insistiendo en que el accionar se ajustó a los protocolos de seguridad ciudadana y reclamando el cese inmediato del arresto preventivo.