ElĀ Gobierno NacionalĀ deberĆ” aplicar de manera āinmediataā laĀ Ley de Financiamiento Universitario (27.795) que se habĆa aprobado en el Congreso, el aƱo pasado, segĆŗn lo dispuso laĀ CĆ”mara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapiĆ© que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayorĆa . Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de āpoco seriosā.
En la misma lĆnea, tambiĆ©nĀ exigió la recomposición salarial docente y no docente,Ā desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, ademĆ”s, que elĀ EjecutivoĀ deberĆ” poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró queĀ la suspensión por decretoĀ de la leyĀ āes ilegĆtimaā.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades pĆŗblicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayorĆa de las casas de altos estudios del paĆs, por la recomposición salarial.












