El Gobierno de Jujuy anunció este martes la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial, una medida extraordinaria que busca fortalecer el control sobre la prestación del servicio eléctrico tras los prolongados cortes de energía que afectaron a miles de usuarios luego del intenso temporal de viento Zonda.
El anuncio fue realizado por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, quien cuestionó la respuesta de la empresa distribuidora EJESA y adelantó que la Provincia avanzará con nuevas herramientas para garantizar un servicio eficiente.
La decisión se conoce luego de que amplias zonas de Jujuy permanecieran sin suministro eléctrico durante más de 40 horas consecutivas, con algunos sectores que registraron interrupciones aún más prolongadas. El fenómeno climático provocó la caída de postes, daños en líneas de media y alta tensión y serias dificultades para restablecer el servicio, generando fuertes reclamos de vecinos, comerciantes, instituciones y sectores productivos.
Durante la conferencia de prensa, Siufi sostuvo que el viento Zonda no constituye un hecho imprevisible para la provincia y afirmó que la empresa concesionaria debe contar con infraestructura, inversiones y planes de contingencia acordes a este tipo de eventos. En ese sentido, aseguró que las explicaciones brindadas por la prestataria no resultaron satisfactorias para el Ejecutivo provincial.
La emergencia energética y tarifaria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitirá al Gobierno adoptar medidas excepcionales para reforzar la fiscalización del servicio eléctrico.
Entre los principales ejes anunciados se encuentran la revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la distribuidora, el fortalecimiento de los organismos de control, la exigencia de mayores inversiones en infraestructura y la evaluación de medidas destinadas a proteger a los usuarios frente a deficiencias en la prestación.
Asimismo, el Gobierno anticipó que se analizarán mecanismos vinculados a los procedimientos de corte del servicio y retiro de medidores, además de impulsar acciones para garantizar una respuesta más rápida ante futuras contingencias climáticas.
La declaración de la emergencia no implica, por sí misma, una modificación automática en las tarifas eléctricas. Su alcance radica en dotar al Estado provincial de mayores facultades para intervenir, controlar y exigir el cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir el impacto que generan los cortes masivos de energía.
La medida se enmarca en un escenario de creciente preocupación por la infraestructura eléctrica de la provincia, luego de un temporal considerado extraordinario por su intensidad y duración, que dejó a más de 80.000 usuarios afectados y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de distribución frente a fenómenos climáticos extremos. Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca establecer un marco de acción que permita fortalecer el sistema eléctrico y brindar mayores garantías a los usuarios en los próximos años.












