Jujuy A DiarioEl inicio del juicio por la muerte de Ivo Rodrigo Torres marca un punto clave en uno de los casos más sensibles de los últimos años en el norte argentino, con fuertes implicancias en materia de derechos humanos y accionar de las fuerzas de seguridad. El abogado querellante, Carlos Espada, calificó el proceso como “muy importante” y sostuvo que se trata de un hecho de “violencia institucional tremendo”, en el que un efectivo de Gendarmería Nacional enfrenta una acusación por homicidio doblemente agravado.
Durante la primera audiencia, la querella dejó en claro que el eje central del debate judicial estará puesto en la intencionalidad de los disparos que terminaron con la vida del joven. “Nuestra hipótesis es confirmar que los disparos fueron plenamente intencionales”, afirmó Espada, en contraposición a la estrategia de la defensa, que buscará encuadrar el hecho como un homicidio culposo, es decir, sin intención de matar. Esta diferencia no es menor: de comprobarse la acusación, el imputado podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad en zonas de frontera. Según reconstrucciones judiciales y reportes de medios nacionales, el hecho ocurrió en un operativo donde no habría existido evidencia concreta de un delito flagrante. En ese sentido, Espada remarcó que “nunca vieron a Ivo cruzar un límite internacional”, lo que refuerza la hipótesis de un procedimiento arbitrario y desproporcionado.
Uno de los puntos más delicados expuestos por la querella es el presunto trasfondo discriminatorio. “Había una cuestión cultural, un desprecio hacia Ivo Torres por su condición de pertenecer a un pueblo originario y ser trabajador rural”, sostuvo el abogado. Esta línea argumental conecta el caso con denuncias históricas de organismos de derechos humanos sobre prácticas de perfilamiento racial y criminalización de sectores vulnerables en operativos de control territorial.
En cuanto a la mecánica del hecho, la investigación determinó que se efectuaron al menos seis disparos contra la víctima, de los cuales dos resultaron mortales. Este dato resulta central para la acusación, ya que podría evidenciar una conducta deliberada y no un accionar accidental o defensivo, como sostiene la defensa.
El proceso judicial continuará con al menos tres audiencias más, donde se espera la declaración de testigos clave, peritos balísticos y especialistas en uso de la fuerza. Según adelantó la querella, la etapa final del juicio se desarrollará en junio, cuando el tribunal dará a conocer la sentencia.
El caso de Ivo Rodrigo Torres no solo busca establecer responsabilidades penales individuales, sino que también reabre el debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, el control civil sobre las mismas y la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en contextos de intervención estatal. En ese marco, el fallo que surja de este juicio podría sentar un precedente relevante a nivel nacional.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
