Jujuy A DiarioUn hombre de 46 años, identificado como Carlos Ariel Vázquez, fue finalmente detenido en Jujuy después de violar las restricciones judiciales impuestas al ser liberado por amenazas de muerte contra su expareja y sus hijos.
El caso, ocurrido en el contexto de violencia de género en el barrio Los Huaicos genera indignación por la rapidez con que el agresor incumplió las condiciones.
Cronología de los hechos
El agresor fue arrestado inicialmente el 21 de diciembre de 2025 en su vivienda de Lozano por agredir y amenazar de muerte a su expareja de 43 años frente a sus hijos, incluyendo uno menor, enviando incluso fotos de un arma de fuego.
El juez Rodolfo Fernández, en feria judicial, lo liberó días después pese a la gravedad, imputándolo solo por “lesiones leves” y sin oposición de la defensa, pero imponiendo restricción perimetral de 500 metros y otras medidas.
Apenas seis días después, el 20 de enero, violó la orden acercándose a la casa de la víctima en Yala, alertado por un custodio policial que lo vio huir; la mujer denunció inmediatamente en la Seccional 54°.
Contexto de violencia y fallas judiciales
La víctima, temerosa por su vida y la de sus hijos, responsabilizó públicamente al juez Fernández, recordando casos previos como el femicidio de Rosita Marina Patagua en 2021 en Los Huaicos por un agresor liberado similarmente.
Vázquez tiene antecedentes de violencia de género, y las amenazas quedaron grabadas: “Si te importa la vida de tus hijos, decime dónde estás” o “Voy a salir en las noticias y nada más”.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó su detención tras la violación, destacando el riesgo en un contexto de impunidad en casos de género en Jujuy.
Implicancias para la sociedad
Este suceso expone vulnerabilidades en el sistema judicial durante ferias, donde decisiones apresuradas ponen en jaque la protección de víctimas de violencia familiar en barrios vulnerables como Los Huaicos.
La rápida detención final, ayer, responde a la presión de la denuncia ampliada y custodia policial permanente, pero aviva debates sobre prevención y penas más duras.
La familia permanece bajo protección, aguardando resolución judicial.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
