El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar de manera permanente las prestaciones, pensiones y coberturas para las personas con discapacidad. El proyecto recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes y establece un nuevo marco de protección que mantiene prácticamente todos los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Gobierno nacional el año pasado.
La aprobación se produjo a casi un año del rechazo del oficialismo a la normativa de emergencia y luego de meses de reclamos de organizaciones y colectivos de discapacidad. Durante el debate, distintos sectores políticos coincidieron en la necesidad de brindar previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, aunque también hubo cuestionamientos sobre el financiamiento y la implementación de las medidas.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, retoma gran parte del esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para convertir sus disposiciones en una normativa permanente.
Entre los principales puntos, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esta posibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones automáticas y periódicas de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). También garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, la iniciativa dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Otro de los puntos centrales es el reconocimiento de las deudas con los prestadores. La ley incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.
Qué dijeron los senadores durante el debate
La discusión reunió distintas posiciones políticas, aunque hubo coincidencias sobre la necesidad de abandonar las respuestas transitorias y establecer reglas permanentes para el sistema de discapacidad.
El senador libertario Agustín Monteverde defendió la propuesta del oficialismo y sostuvo que la salida de la emergencia requiere reglas estables que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas, además de su compatibilidad con el trabajo.
Desde el peronismo, Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un punto de partida, aunque advirtió que ninguna sanción legislativa puede reconstruir por sí sola los derechos que fueron vulnerados. En la misma línea, Lucía Corpacci cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y afirmó que la ley llegó al recinto por la movilización y los reclamos de las organizaciones de discapacidad.
Por su parte, Patricia Bullrich definió la iniciativa como un acuerdo social y político, y destacó que el nuevo esquema busca aportar transparencia, previsibilidad y estabilidad. También remarcó que, a diferencia de las sucesivas emergencias, la normativa establece de dónde saldrán los fondos para sostener las prestaciones.
Con la aprobación de los 71 senadores presentes, el Congreso dio un paso clave para establecer un régimen permanente de discapacidad, en reemplazo de un esquema de emergencia que había generado fuertes reclamos de familias, instituciones y profesionales de todo el país.












