El Gobierno nacional denunció penalmente al gobierno de Jujuy por los conflictos en la provincia

Luego de los conflictos de la semana pasada en Jujuy, y la llegada del secretario de DDJJ de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, solicitaron a la justicia federal que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en el enfrentamiento contra manifestantes.

La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre supuestas prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación.

Según consta en la denuncia presentada, relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación firmada por Pietragalla.

El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación.

El secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de la reforma de la Constitución.

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la secretaria general de Presidencia.