Jujuy A DiarioEl Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un “per saltum”, con el objetivo de frenar la suspensión judicial de artículos clave de la reforma laboral y acelerar una definición sobre su validez.
La estrategia judicial fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación en representación de la Secretaría de Trabajo, en respuesta al fallo que dejó sin efecto más de 80 disposiciones de la normativa tras una presentación de la Confederación General del Trabajo.
Qué busca el Gobierno con el “per saltum”
El recurso de “per saltum” permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal. En este contexto, el Ejecutivo pretende que la Corte:
- Declare la validez constitucional de la reforma laboral
- Suspenda los efectos de la medida cautelar vigente
- Unifique criterios frente a fallos contradictorios en distintas jurisdicciones
Desde el Gobierno sostienen que el juzgado laboral que dictó la suspensión no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional, lo que refuerza el planteo de urgencia institucional.
Un conflicto judicial en escalada
La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a fines de marzo, en medio de una fuerte ofensiva sindical y cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad. La decisión judicial generó un escenario de incertidumbre, con impacto directo en la implementación de uno de los ejes centrales del programa económico oficial.
El conflicto ya atraviesa distintas instancias judiciales, lo que motivó al Ejecutivo a recurrir a una vía excepcional para acelerar los tiempos y evitar una prolongación del litigio.
Clave política y económica
La ofensiva ante la Corte Suprema no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas y económicas. La reforma laboral es considerada una pieza clave dentro del esquema de desregulación que impulsa el Gobierno, en un contexto de presión sindical y debate público sobre los derechos laborales.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca recuperar la iniciativa y garantizar la vigencia de la normativa, mientras la definición final queda ahora en manos del máximo tribunal del país.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
