Diputados rechazó los DNU del Gobierno: qué organismos quedan en la mira del Senado

Un amplio rechazo en el recinto dejó sin respaldo legislativo las reformas por DNU sobre organismos de ciencia, vialidad y cultura.

La Cámara de Diputados le asestó este miércoles un golpe político al Gobierno nacional, al derogar una serie de decretos que afectaban estructuras sensibles del Estado. Con el respaldo de la oposición unificada, se rechazaron reformas que buscaban disolver o modificar profundamente áreas como la Seguridad Vial, el INTA, el INTI y varios institutos culturales. La votación, que tuvo cifras contundentes, marca un punto de inflexión en el manejo de decretos delegados por parte del Ejecutivo.

Uno de los puntos más conflictivos fue la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, decretada por el Poder Ejecutivo bajo el número 480/2025. Con 138 votos afirmativos, 65 en contra y dos abstenciones, Diputados dejó sin efecto esa medida, aunque resta la confirmación del Senado. En ese mismo paquete, se incluía la creación de un nuevo organismo bajo la órbita del transporte, que también quedó en suspenso.

También fue derogado el decreto que proponía modificaciones al funcionamiento del INTA y el INTI, pilares de la investigación técnica y agroindustrial. El rechazo cosechó 141 votos positivos, frente a 61 negativos y una abstención. Otro decreto cuestionado fue el que modificaba el rol del Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue rechazado por 133 diputados.

El área cultural tampoco quedó exenta del revés. Con 134 votos a favor, la Cámara dio marcha atrás con el DNU que fusionaba y modificaba organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Sanmartiniano, el de Investigaciones Históricas Eva Perón, y los institutos Yrigoyeneano y Rosas. A esto se sumó la derogación del decreto sobre Marina Mercante, con 118 votos a favor.

Ahora, todas estas derogaciones deberán ser refrendadas en el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría. El tablero político anticipa que buena parte de los decretos podrían quedar anulados de forma definitiva, lo que representaría un traspié considerable para el Gobierno en su estrategia de reforma del Estado por decreto.