El expresidente Alberto Fernández fue procesado este lunes por la Justicia tras una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez. La causa se inició a raíz de una serie de hechos ocurridos durante su relación, cuando Fernández ejercía la presidencia, y que, según la denunciante, constituyen violencia psicológica, económica y simbólica, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
El juez federal que lleva la causa dictó el procesamiento sin prisión preventiva, al considerar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación. A su vez, dejó abierta la posibilidad de elevar el expediente a juicio oral, en lo que sería un hecho sin precedentes para un expresidente argentino. La denuncia incluye episodios de control, manipulación emocional y menosprecio reiterado hacia Yañez durante su convivencia en la Quinta de Olivos.
Desde el entorno de Fernández rechazaron las acusaciones, aseguraron que se trata de una maniobra política y adelantaron que apelarán la resolución judicial. No obstante, distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas celebraron el avance del caso como un paso hacia la justicia en situaciones de violencia ejercida desde posiciones de poder.
Este procesamiento se enmarca en un contexto de creciente visibilización de la violencia de género en todos los niveles sociales, incluido el ámbito político. Si la causa llega a juicio, marcaría un hito en la historia judicial del país y abriría el debate sobre las responsabilidades personales de quienes ejercen altos cargos públicos.