Jujuy A DiarioUn grupo de choferes y mecánicos despedidos de la empresa Santa Ana denunció haber sido cesanteado tras reclamar mejoras salariales y exigir el cumplimiento de la escala nacional de la UTA. Los trabajadores aseguran que fueron amenazados durante una reunión con directivos y cuestionan duramente el accionar judicial luego de que la denuncia penal fuera archivada en dos oportunidades.
El conflicto se habría originado a fines de marzo, cuando siete empleados con entre 10 y 20 años de antigüedad iniciaron reclamos por diferencias salariales. Según relató el abogado defensor Sebastián Espada, el 30 de marzo fueron convocados a una reunión donde recibieron un ultimátum: desistir del reclamo judicial o enfrentar el despido.
De acuerdo a la defensa, los trabajadores grabaron el encuentro y en el audio se escucharían amenazas vinculadas a la continuidad laboral en el sector. “Les dijeron que si no bajaban el juicio no trabajarían nunca más en el rubro porque Santa Ana y El Urbano serían las únicas empresas beneficiadas en la nueva licitación”, sostuvo el letrado.
La denuncia penal fue archivada dos veces
El caso tomó estado público en abril, cuando los choferes y mecánicos despedidos realizaron una manifestación en Plaza Belgrano. Allí aclararon que no exigían la reincorporación, sino el pago de las indemnizaciones y montos correspondientes tras las cesantías.
Posteriormente, la Fiscalía de Jujuy archivó la denuncia por amenazas coactivas. La defensa cuestionó la decisión al señalar que el fiscal actuante ni siquiera habría escuchado el audio presentado como prueba.
Sin embargo, el Procurador General dispuso la reapertura del expediente al considerar que el archivo había sido “prematuro”. Pese a ello, días atrás la causa volvió a ser desestimada bajo el argumento de que se trata de un conflicto laboral y no de un delito penal.
Ante esta situación, la defensa presentó una nueva impugnación y denunció una supuesta resistencia del Ministerio Público de la Acusación para investigar el fondo del caso.
Denuncian maniobra para impedir el cobro del desempleo
El abogado de los trabajadores también advirtió sobre una situación que afecta directamente a las familias despedidas. Según explicó, la empresa habría informado ante los organismos de control que las liquidaciones finales ya fueron abonadas, con montos que oscilarían entre los 10 y 20 millones de pesos.
Esa situación impediría que los exempleados puedan acceder al fondo de desempleo y otros beneficios sociales, ya que en los registros oficiales figurarían como trabajadores indemnizados.
Mientras esperan una nueva resolución judicial, los choferes y mecánicos sostienen el reclamo y aseguran que continuarán visibilizando el conflicto hasta obtener respuestas tanto de la Justicia como de la empresa.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
