Jujuy A DiarioEste miércoles por la tarde, el centro de San Salvador de Jujuy fue escenario de una masiva “Marcha social jujeña” en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La movilización reunió a organizaciones, familiares y ciudadanos que expresaron su preocupación por el impacto de recientes medidas del Gobierno nacional, en un contexto de ajuste que, aseguran, pone en riesgo prestaciones esenciales.
El principal eje de la protesta estuvo centrado en el rechazo a modificaciones normativas y recortes que afectarían directamente al sistema de atención y acompañamiento. Los manifestantes advirtieron sobre un posible desmantelamiento de servicios fundamentales, como terapias, transporte y asistencia integral, pilares clave para garantizar la inclusión y la calidad de vida de miles de personas en todo el país.
Carlos Burgos, presidente de la Fundación Ecos de Luz, señaló a los medios que el reclamo surge tras reuniones entre distintas instituciones del sector. “Rechazamos la reforma de artículos que vulneran derechos. No se está valorando la vida de las personas con discapacidad ni promoviendo mejores condiciones para su desarrollo”, sostuvo. Además, remarcó que el colectivo atraviesa una situación crítica: “La discapacidad está siendo golpeada y maltratada, y como organización no podemos permitirlo”
El trasfondo del conflicto se vincula con políticas nacionales orientadas al recorte del gasto público, que incluyen revisiones en programas sociales y en el sistema de prestaciones. Desde el sector advierten que estas decisiones contradicen marcos legales vigentes, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado argentino a garantizar acceso a servicios, inclusión y protección integral.
La marcha en Jujuy se suma a una serie de manifestaciones que se replican en distintas provincias, reflejando un creciente malestar en todo el país. Los participantes exigieron respuestas concretas y la revisión de las medidas adoptadas, al tiempo que reclamaron el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, en defensa de un sector que consideran cada vez más vulnerable frente al actual contexto económico y político.
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Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
