La informalidad sigue siendo una deuda pendiente del mercado laboral. Afecta más a los jóvenes, a las mujeres y a ciertos rubros clave de la economía.
En el último trimestre de 2024, el 42% de las personas con empleo en los principales centros urbanos del país trabajaron sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social o licencias. Así lo indica el reciente informe del INDEC, que advierte sobre la persistencia de la informalidad en sectores históricamente precarios y de baja fiscalización. En total, se estima que más de 9 millones de personas están en esta situación en Argentina.
El fenómeno no impacta por igual en toda la población. Entre los menores de 29 años, la informalidad alcanza al 58,7%, y entre las mujeres, al 43,4%. Los trabajadores por cuenta propia son el grupo más vulnerable, con un 62,4% sin registrar, seguidos por el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%) y el comercio (51,9%).
Además, el informe revela que el 21,6% de los trabajadores informales se desempeñan en unidades económicas no registradas, pero también existen irregularidades dentro del propio empleo formal: el 11,8% trabaja en empresas legalmente constituidas pero sin estar registrado, y el 3,8% de quienes sí lo están, cobran parte de su sueldo por fuera del recibo.
El panorama se completa con un dato alarmante: el 35,8% de los asalariados no realiza aportes jubilatorios, y dentro de ese grupo, casi el 84% no hace ningún tipo de contribución. A pesar de leves variaciones durante 2024, la informalidad se mantuvo elevada, consolidándose como uno de los desafíos estructurales más urgentes del mercado laboral argentino.