Salarios dinámicos y formalización: Los ejes controversiales del Proyecto Laboral de 2025 de Milei

El Gobierno argentino planea presentar un proyecto de reforma laboral que apunta a modernizar el régimen laboral y adaptarlo a las nuevas realidades económicas y productivas del país. Los ejes centrales incluyen la implementación de “salarios dinámicos”, la flexibilización de convenios colectivos mediante convenios por empresa, la reducción de cargas no salariales para incentivar la formalización, y la digitalización y simplificación de los procesos laborales. Este proyecto se presentaría tras las elecciones del 26 de octubre de 2025 y busca ser enviado al Congreso para su discusión después del recambio del 10 de diciembre.

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El sistema de salarios dinámicos es uno de los puntos más polémicos de la reforma. Esta modalidad propone vincular la remuneración de los trabajadores al rendimiento individual y la productividad, permitiendo establecer salarios que no necesariamente estén atados a la inflación tradicional sino al desempeño real dentro de cada empresa o región. En la práctica, los convenios fijarían un piso basado en la empresa más desfavorecida de la zona más desfavorecida y permitirían negociaciones descentralizadas, lo cual podría generar diferencias salariales según mérito y productividad. El Gobierno sostiene que esta medida busca incentivar la productividad, reducir costos laborales y fomentar la formalización del empleo; en cambio, sindicatos alertan que podría ser una forma de flexibilización encubierta que afecte derechos adquiridos.

El contexto en el cual se presenta la reforma es el deseo del Gobierno de promover una Argentina más productiva y exportadora, con un mercado laboral más formal y eficiente, donde el trabajo es concebido como un derecho humano. Además, se incluye la intención de digitalizar y transparentar los registros laborales, acelerar la resolución de conflictos y establecer un sistema de capacitación continua para la reconversión laboral frente a las nuevas tecnologías.

La reforma laboral se presenta en un contexto político que busca estabilidad y modernización tras elecciones clave, y en un entorno económico que aunque mejora, requiere medidas concretas para sostener el crecimiento y mejorar la calidad del empleo, manteniendo un equilibrio sensible entre flexibilidad y derechos laborales. La presentación oficial se espera tras las elecciones de octubre y su envío al Congreso se plantea para finales de 2025 o principios de 2026.