La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y ahora será debatida en el Senado, donde podría tratarse el 26 de febrero.
En una sesión marcada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica el esquema vigente desde la dictadura y establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue respaldado por 149 legisladores, mientras que 100 votaron en contra.
El debate sobre la edad de imputabilidad llega por primera vez al recinto desde la restauración democrática y ahora se traslada al Senado, donde fuentes parlamentarias anticiparon que podría tratarse en una sesión prevista para el 26 de febrero.
Cómo fue la votación en Diputados
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza y contó con el respaldo de bloques como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia.
En contra votaron legisladores del peronismo y la izquierda, además de espacios como Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.
Un dato político relevante fue la postura del Frente Renovador: Si bien sus diputados manifestaron estar a favor de bajar la edad de imputabilidad, finalmente votaron en contra en general. No obstante, uno de sus principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que acompañó la baja en la discusión en particular.
Puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto establece un régimen especial para menores de edad con un abanico de sanciones diferenciadas, que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves.
Entre los aspectos clave se destacan:
- No se podrá aplicar prisión perpetua a menores.
- Los adolescentes condenados deberán cumplir pena en establecimientos especiales, separados de adultos.
- Se priorizan medidas de resocialización y reinserción.
- Para delitos con penas menores a 3 años, se descarta la prisión.
- Para penas de entre 3 y 10 años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves, se promueven sanciones alternativas con enfoque social y educativo.
El texto también contempla la firma de convenios entre Nación y provincias para la implementación del sistema, aunque el financiamiento fue uno de los ejes de mayor controversia.
El debate político: Seguridad, financiamiento y derechos
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al sostener que no se busca “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino “resocializarlos”. Además, cuestionó el régimen vigente por permitir “vagas medidas restrictivas”.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz criticó con dureza la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, asociada al discurso de la ministra Patricia Bullrich, y advirtió que se trata de un enfoque con fines electorales.
En tanto, Gisela Scaglia, del interbloque Unidos y presidenta del bloque de Provincias Unidas, expresó su respaldo a la baja de imputabilidad, aunque planteó que el costo del nuevo sistema no puede recaer exclusivamente en los gobernadores.
Por su parte, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que la reforma no resolverá por sí sola la problemática del delito juvenil y advirtió sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones narcocriminales.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto y denunció que el nuevo régimen otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para “hostigar a los pibes en los barrios”, al tiempo que cuestionó la asignación de recursos para la persecución penal en un contexto de ajuste.
Qué puede pasar en el Senado
Con la media sanción obtenida, el proyecto de Régimen Penal Juvenil abre un nuevo capítulo en el Senado. Si la Cámara alta lo aprueba sin modificaciones, la Argentina reducirá por primera vez desde la recuperación democrática la edad de imputabilidad a 14 años.
El debate promete replicar las tensiones vistas en Diputados, con un eje central en la seguridad pública, la responsabilidad penal juvenil y el equilibrio entre sanción y resocialización. La definición final podría conocerse antes de fin de mes, en una sesión que ya genera fuerte expectativa política y social.













