Jujuy A DiarioEl Congreso volverá a poner en el centro de la escena la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce en la Argentina. El oficialismo impulsa modificaciones que redefinen el alcance del ambiente periglacial y abren la puerta a mayores competencias provinciales, en medio de cuestionamientos de la oposición y organizaciones ambientalistas.
Qué se busca modificar
La iniciativa apunta a introducir cambios en la Ley 26.639, que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La norma vigente protege tanto los cuerpos de hielo como las áreas congeladas que cumplen funciones de regulación hídrica, y prohíbe actividades que puedan afectar su integridad, entre ellas la minería y la exploración de hidrocarburos en zonas alcanzadas.
Desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza sostienen que la redacción actual genera “inseguridad jurídica” y desalienta inversiones. La propuesta buscaría limitar la protección a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”, habilitando así determinadas actividades productivas bajo criterios técnicos más acotados.
En paralelo, se plantea reforzar la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario provincial tras la reforma de 1994.
El rechazo opositor y la división interna
Los bloques opositores, en especial la mayoría del interbloque de Unión por la Patria, anticiparon su rechazo. Argumentan que cualquier flexibilización podría dejar sin efecto la prohibición de actividades que alteren la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas estratégicas de agua potable.
No obstante, el debate no es lineal. Senadores de provincias con fuerte desarrollo minero —como San Juan, Catamarca y Jujuy— evalúan respaldar cambios que permitan compatibilizar la actividad extractiva con la protección ambiental, lo que expone tensiones dentro del propio peronismo.
El jefe del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, mantiene una postura crítica frente a la reforma y promueve sostener el espíritu original de la ley para resguardar los recursos hídricos.
El contraproyecto para reforzar la protección
En respuesta a la iniciativa oficial, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo que propone fortalecer el régimen vigente. La propuesta busca:
- Restringir de manera expresa la actividad minera e industrial en zonas de glaciares y ambiente periglacial.
- Declarar el agua proveniente de estas formaciones como recurso natural estratégico de interés nacional.
- Priorizar el consumo humano y el riego por sobre cualquier interés económico.
- Actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares para garantizar monitoreo científico permanente.
El eje del planteo opositor es considerar la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía hídrica y de derechos de las poblaciones que dependen de esas cuencas, especialmente frente al impacto del cambio climático.
Desarrollo productivo vs. preservación ambiental
El trasfondo del debate combina variables ambientales, económicas y federales. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos y dar mayor autonomía a las provincias, la oposición advierte que cualquier relajamiento normativo podría comprometer reservas estratégicas de agua dulce.
Con provincias que impulsan proyectos de litio y cobre observando de cerca la discusión, el Senado se prepara para una sesión que podría redefinir el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en zonas sensibles del país.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
