El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma clave del sistema de justicia penal que establece que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años en Argentina. La medida busca actualizar el marco legal vigente para el juzgamiento de menores que cometen delitos y establece nuevas reglas para su responsabilidad penal, con un enfoque que combina sanción judicial, medidas socioeducativas y mecanismos de reinserción social.
La normativa fija que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser considerados penalmente responsables por determinados delitos, en especial aquellos de mayor gravedad. El nuevo régimen contempla un sistema judicial especializado, con procedimientos diferenciados respecto de los adultos y con la intervención de equipos interdisciplinarios que evaluarán cada caso. Además, se establecen medidas alternativas a la privación de la libertad, priorizando instancias de rehabilitación, educación y acompañamiento social.
Entre los puntos centrales de la reforma, se prevé que la prisión preventiva y las penas privativas de libertad sean aplicadas como último recurso, y únicamente en casos de delitos graves. También se incorporan programas obligatorios de formación educativa, capacitación laboral y asistencia psicológica, con el objetivo de evitar la reincidencia y promover la reintegración del adolescente a su comunidad.
La promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil se da en medio de un amplio debate político y social en el país sobre la seguridad y la responsabilidad penal de los menores. Mientras sectores del Gobierno sostienen que la reforma moderniza el sistema y brinda herramientas al Estado frente a delitos cometidos por adolescentes, organismos de derechos humanos y especialistas advierten sobre los desafíos que implica garantizar que las medidas respeten los estándares internacionales de protección de la niñez.













