La causa contra Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Brasil, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que el Ministerio Público de Río de Janeiro avanzara con una denuncia penal por presuntos gestos racistas contra empleados de un bar ubicado en el barrio de Ipanema, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. Además, el organismo pidió a la Justicia la prisión preventiva de la turista argentina.
Según la acusación, Páez se encontraba en el establecimiento junto a dos amigas cuando se desató una discusión por el monto de la cuenta. En ese contexto, la imputada habría insultado de forma ofensiva a un empleado del local con expresiones vinculadas a su color de piel.
“De acuerdo con la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, detalló el Ministerio Público de Río de Janeiro en el escrito presentado ante la Justicia.
El organismo también sostuvo que, pese a haber sido advertida sobre su conducta, Páez luego se dirigió a la cajera del bar, a quien presuntamente llamó “mono”, además de realizar gestos que simulaban a ese animal, lo que agravó su situación procesal.
El pedido de prisión preventiva
De acuerdo con lo informado por medios locales, el fiscal a cargo del caso consideró insuficientes las medidas cautelares que se encuentran vigentes hasta el momento, entre ellas la retención del pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica.
Por ese motivo, solicitó formalmente la prisión preventiva de Agostina Páez, al entender que existe riesgo de reiteración de conductas y que las restricciones actuales no garantizan el normal desarrollo del proceso judicial.
Avanza la causa por racismo en Río de Janeiro
El expediente continúa en trámite en la Justicia brasileña, mientras se aguarda una definición sobre el pedido del Ministerio Público. En Brasil, los delitos vinculados al racismo contemplan penas severas y son considerados imprescriptibles, lo que refuerza el peso de la acusación.
Por estas horas, la turista argentina permanece bajo medidas de control judicial, a la espera de que el tribunal interviniente determine si hace lugar al requerimiento fiscal y ordena su detención preventiva.













