Nueva ley migratoria en Argentina: quiénes deberán pagar por salud y universidad

Un decreto presidencial introdujo reformas clave en la política migratoria: habrá cobros en servicios públicos y más controles para obtener la ciudadanía.

El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda modificación en la ley de migraciones. A través del DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, se cambiaron varios puntos de la Ley 25.871: se endurecen los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía, y se habilita a hospitales y universidades públicas a cobrar por sus servicios a extranjeros que no tengan residencia permanente.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el acceso al sistema de salud pública. Aunque el decreto garantiza atención gratuita en casos de emergencia, fuera de ese escenario se exigirá la presentación de un seguro médico o el pago previo del servicio para acceder a tratamientos en hospitales nacionales. Esto aplica exclusivamente a quienes no cuenten con residencia permanente.

En materia educativa, se mantiene el acceso libre a los niveles inicial, primario y secundario para todos los migrantes, sin importar su estatus legal. Pero el cambio más fuerte llega en las universidades públicas, que ahora podrán establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente. La norma aclara que estos casos pueden ser exceptuados si existen becas o convenios internacionales.

Además, el decreto incorpora la figura de la “residencia precaria”, un permiso temporal renovable que permitirá a los migrantes permanecer, estudiar o trabajar en el país por hasta 90 días, mientras se resuelve su situación. Sin embargo, este permiso no garantiza el arraigo ni será válido para solicitar la nacionalidad argentina por naturalización.

Las modificaciones generaron reacciones encontradas. Mientras que desde el Ejecutivo aseguran que buscan “ordenar el sistema migratorio y priorizar el uso de recursos públicos”, organizaciones sociales y colectivos migrantes advierten que estas medidas restringen derechos fundamentales y podrían fomentar la exclusión.