Laura LozanoEl presidente rechazó tres proyectos sociales por su impacto fiscal y cuestionamientos al procedimiento legislativo.
Este lunes, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial el veto total a tres leyes de carácter social que el Congreso había sancionado recientemente: el aumento de emergencia para jubilados, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad. La decisión de Javier Milei se fundamentó en un argumento central: el elevado costo fiscal que implicarían estas iniciativas para las arcas públicas.
Según el decreto 534/2025, el Ejecutivo advirtió que la suma de estas leyes implicaría un gasto extra cercano a 7 billones de pesos en 2025, cifra que escalaría a 17 billones para 2026, representando casi un 1,7% del Producto Bruto Interno del próximo año. El Gobierno consideró que este nivel de gasto pondría en riesgo la estabilidad fiscal, calificada como “innegociable”. Además, criticó irregularidades en el trámite parlamentario, señalando que el Senado aprobó los proyectos con una mayoría simple en una sesión cuestionada por falta de convocatoria y una interpretación “ilegítima” del reglamento.
Las normas vetadas contemplaban un aumento del 7,2% para jubilados y un bono de 110 mil pesos actualizable, la flexibilización para acceder a jubilaciones y pensiones a través de la moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad, con la creación de una nueva pensión no contributiva y una compensación para los prestadores del sistema. Ahora, la pelota vuelve al Congreso, donde la oposición deberá reunir una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras para superar el veto presidencial y convertir estas leyes en realidad.
La pulseada entre el Ejecutivo y el Legislativo por estas medidas sociales marcará la agenda política en las próximas semanas, en un contexto económico y social que exige respuestas urgentes y tensiones constantes entre los poderes del Estado.
Jujuy A Diario
Andrea M. Cabrera
