Jujuy A DiarioEl Senado de la Nación aprobó este jueves la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una norma clave para la protección de los cuerpos de hielo y del ambiente periglacial en la Argentina. La decisión reavivó el debate entre el Gobierno nacional, que impulsa inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten sobre riesgos para las reservas estratégicas de agua dulce.
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces políticos y exposiciones técnicas en torno al alcance de la reforma y su impacto en proyectos productivos en zonas cordilleranas.
¿Qué establece la Ley de Glaciares?
La Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010, fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos.
La norma prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la exploración y explotación minera o hidrocarburífera en áreas protegidas, y ordena la realización del Inventario Nacional de Glaciares.
Los cambios aprobados en el Senado
La reforma votada en la Cámara alta redefine el concepto de ambiente periglacial y establece nuevos criterios técnicos para delimitar las zonas alcanzadas por las restricciones. Según los legisladores que acompañaron la iniciativa, el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y favorecer inversiones productivas en regiones cordilleranas.
Desde el oficialismo sostienen que la actualización permitirá “compatibilizar desarrollo y cuidado ambiental”, especialmente en provincias con fuerte potencial minero.
El debate
El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”.
“Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos”, aseguró el oficialista fueguino.
Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”.
“Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua”, advirtió.
Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.
“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense.
El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”.
“Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias”, explicó el libertario sanjuanino.
A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”.
“El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica”, apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.
El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”.
“El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario”, dijo.
En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales” sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.
“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.
“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.
Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.
“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.
Rechazo de organizaciones ambientales
Distintas organizaciones socioambientales y asambleas ciudadanas expresaron su preocupación tras la votación. Señalan que la flexibilización podría habilitar emprendimientos en áreas sensibles, afectando fuentes de agua que abastecen a comunidades y actividades productivas.
Especialistas en derecho ambiental remarcan que la Argentina, como país cordillerano, depende en gran medida de los glaciares como reguladores hídricos frente al cambio climático.
Impacto en provincias mineras
La discusión tiene especial relevancia en distritos como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde la actividad minera es un motor económico. En estas provincias, el nuevo marco normativo podría incidir directamente en proyectos vinculados al litio, oro y otros minerales estratégicos.
En el caso de Jujuy, donde la explotación de litio en la Puna se ha consolidado en los últimos años, el debate cobra una dimensión local significativa por el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental.
Próximos pasos
Tras la aprobación en el Senado, el proyecto deberá cumplir los pasos legislativos correspondientes para su promulgación definitiva. En paralelo, se anticipan posibles presentaciones judiciales por parte de sectores que consideran que la reforma vulnera principios de protección ambiental.
La modificación de la Ley de Glaciares vuelve a instalar una discusión estructural en la Argentina: cómo armonizar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la preservación de recursos naturales estratégicos en un contexto de crisis climática global.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
