Jujuy A DiarioUna iniciativa legislativa conocida como “Ley Cazzu” comenzó a debatirse en México luego de que el caso personal de la cantante argentina Cazzu y su expareja, el artista mexicano Christian Nodal, pusiera en agenda un problema jurídico que afecta a miles de familias: La posibilidad de que un padre o madre ausente bloquee decisiones importantes sobre sus hijos.
La propuesta fue presentada en el Congreso del estado mexicano de Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz y busca modificar normas vinculadas a la movilidad y los trámites legales de menores de edad cuando existe abandono parental o incumplimiento de responsabilidades.
Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de discusión, el tema generó un fuerte impacto mediático y social en América Latina, ya que conecta un caso de celebridades con un debate estructural sobre custodia, violencia vicaria y derechos de la niñez.
Qué es la “Ley Cazzu”
La llamada “Ley Cazzu” es una iniciativa que busca evitar que un progenitor ausente impida trámites esenciales de los hijos, como viajes, pasaportes o decisiones administrativas, cuando no participa activamente en la crianza.
En la actualidad, la legislación mexicana establece que muchos trámites de menores requieren la autorización de ambos padres, incluso cuando uno de ellos no convive con el niño o no cumple con obligaciones económicas.
La iniciativa propone que, si se comprueba abandono o incumplimiento parental, el progenitor que ejerce la custodia principal pueda obtener permisos de forma más rápida y sin depender del consentimiento del otro.
Entre los cambios que plantea el proyecto se destacan:
- Facilitar permisos de viaje nacionales e internacionales para menores.
- Reducir procesos judiciales largos para autorizar trámites.
- Priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
- Evitar que los permisos se utilicen como mecanismo de presión o control.
El caso de Cazzu y Nodal que originó el debate
El nombre de la iniciativa surge del conflicto público entre Cazzu y Christian Nodal, quienes tienen a la pequeña hija Inti.
La artista explicó en diversas ocasiones que tuvo dificultades para obtener permisos de viaje para su hija, lo que generó un proceso legal complejo y visibilizó una problemática que muchas familias enfrentan tras una separación.
El caso generó gran repercusión mediática y abrió una discusión sobre cómo algunos procedimientos legales pueden convertirse en herramientas de control entre exparejas, especialmente cuando hay menores involucrados.
Incluso la propia cantante manifestó sorpresa por el impacto social que generó la iniciativa inspirada en su situación personal.
Un problema estructural detrás de la propuesta
Más allá del caso mediático, los impulsores de la iniciativa argumentan que el proyecto busca responder a una problemática extendida.
Datos mencionados en la exposición de motivos indican que:
- En México existen más de 11 millones de madres solteras.
- Cerca de tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
En este contexto, muchos menores dependen exclusivamente de uno de sus padres para su cuidado diario, pero siguen sujetos a la autorización legal del otro para decisiones importantes.
Según especialistas en derecho familiar, esta situación puede derivar en conflictos prolongados que afectan directamente a los niños, retrasando viajes, actividades académicas o trámites administrativos.
Violencia vicaria y control parental
Uno de los conceptos que aparece en el debate sobre la “Ley Cazzu” es la violencia vicaria, una forma de violencia en la que una persona utiliza a los hijos para dañar emocionalmente a su expareja.
Organizaciones civiles sostienen que la negativa a firmar permisos o autorizar trámites puede transformarse en una forma de presión dentro de conflictos familiares, lo que motivó a legisladores a discutir mecanismos legales más rápidos para proteger a los menores.
Un debate que trasciende el espectáculo
Aunque el nombre del proyecto proviene de una figura del mundo de la música, la discusión apunta a un problema que afecta a millones de familias en América Latina: la corresponsabilidad parental y la protección de la infancia.
La iniciativa todavía debe atravesar etapas legislativas antes de convertirse en ley, pero ya logró instalar un debate público sobre cómo actualizar las normas familiares frente a nuevas realidades sociales, como el aumento de hogares monoparentales.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
