Un fallo judicial dictado este jueves en San Martín suspendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, decidida por el gobierno a través del Decreto 461/2025, y ordenó al Ejecutivo abstenerse de avanzar durante al menos seis meses en cualquier medida relacionada con el cierre del emblemático organismo. La jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el sindicato de empleados (SEVINA), en defensa de los derechos laborales y la estabilidad del personal.
El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional junto a otras agencias, con el objetivo declarado de “centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades”. Sin embargo, el fallo señaló que la entidad es autárquica y sus condiciones laborales están amparadas tanto por la Ley de Contrato de Trabajo como por los convenios internacionales de la OIT, que impiden alterar unilateralmente los derechos de los trabajadores y protegen el principio de estabilidad laboral.
Entre los argumentos de la magistrada se destacó que el decreto vulnera la protección de las convenciones colectivas y podría provocar despidos masivos o cambios unilaterales en el personal, lo cual supondría perjuicios irreparables tanto para los empleados como para la gestión de la infraestructura vial nacional. Por ello, dictó la medida de “no innovar” y ordenó preservar el statu quo hasta la resolución definitiva sobre la legalidad del cierre.
El fallo fue celebrado por el personal de Vialidad y diversos actores del sector, quienes venían alertando sobre el desmantelamiento de un organismo clave en la administración y mantenimiento de rutas nacionales. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció su intención de apelar la sentencia, anticipando un nuevo frente judicial en medio del debate sobre la transformación y el futuro de áreas estratégicas del Estado.