Laura LozanoLa decisión busca prevenir enfrentamientos y tensiones como las que ya dejaron heridos y detenidos en protestas anteriores.
En un nuevo capítulo de tensión entre la Justicia y el Gobierno nacional, el juez Roberto Gallardo ordenó que la seguridad de la próxima marcha de jubilados quede exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La medida limita la intervención de las fuerzas federales, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, y apunta a evitar incidentes como los ocurridos semanas atrás frente al Congreso.
La decisión judicial surge a raíz de un pedido realizado por referentes gremiales de la CGT y la UTEP, quienes denunciaron el accionar violento e ilegal de las fuerzas federales en la manifestación del pasado 12 de marzo, cuando hubo más de 100 detenidos y un fotógrafo resultó herido. Según el juez, “existe un riesgo cierto de que vuelvan a ocurrir hechos similares”.
Gallardo fue tajante: la responsabilidad del operativo recaerá por completo en el Gobierno porteño, que deberá garantizar tanto la seguridad como el libre ejercicio del derecho a la protesta. Al mismo tiempo, las fuerzas federales deberán limitarse estrictamente a custodiar los llamados “objetivos federales”, sin intervenir en el espacio público general.
En su fallo, el magistrado cuestionó lo que calificó como una “actitud avasalladora” por parte del Ministerio de Seguridad nacional. Además, recordó que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió formalmente al protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich, lo cual refuerza los límites de su jurisdicción en territorio porteño. Con esta resolución, la marcha de jubilados prevista para este miércoles se convierte en una prueba clave para medir tensiones entre Nación y Ciudad.
Jujuy A Diario
Andrea M. Cabrera
