Juntos por el Cambio repudió al Kirchnerismo y lo acusó de querer cubrir hechos de corrupción ante la ONU

En un comunicado, los referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio rechazaron el informe emitido por el Gobierno de la Nación ante la ONU por supuestas violaciones de Derechos Humanos y acusó al oficialismo de “buscar impunidad”

“Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, señalaron.

“Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…)

Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales (…)

El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y
probadas acciones de corrupción”

Informe completo:

La presentación ante la ONU

En el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno aprovechará para cargar contra el Poder Judicial, la oposición política y los medios de comunicación. Argentina debe presentar hoy su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país, y en ese contexto internacional avanzará sobre la independencia de jueces y fiscales, cuestionará el rol de la prensa independiente y criticará el control institucional de los partidos opositores.

El informe fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene treinta fojas y será presentado en Ginebra. El secretario Horacio Pietragalla leerá el documento oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Bajo el título Cuestiones emergentes: principales desafíos, en las fojas 18 y 19 del informe oficial, Pietragalla presenta una descripción de la democracia que sólo responde a la mirada del kirchnerismo. El secretario de Derechos Humanos sostiene que hay “discursos del odio” en la Argentina “que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”

Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”

Bajo el concepto de discurso del odio, el secretario de Derechos Humanos cuestiona toda crítica al gobierno nacional.

Tras utilizar la idea del discurso del odio para cuestionar a los medios de comunicación y la oposición, el secretario de Derechos Humanos introduce el concepto de Lawfare (Guerra Jurídica) para atacar al Poder Judicial, al sistema de partidos y a las empresas. Pietragalla repite en el informe ante la ONU, el pensamiento público de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, escribió en el reporte oficial.

Y agrega: “En estas causas judiciales, como las que enfrenta la exPresidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”

Además suma la idea de proscripción política para cerrar su ataque al Poder Judicial. “Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión. Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostiene.