Juicio a Cristina Kirchner: El fiscal pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron este lunes con el alegato y pedido de condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros doce imputados por corrupción a través del presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

La fiscalía dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y será acusada de fraude al Estado. Solicitará que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

Mola: “El perjuicio al Estado fue de 5321 millones de pesos”

“Su condición de Presidenta de la Nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público”, indicó Luciani.

“Producto de sobreprecios, de la cartelización de las obras públicas y el abandono intempestivo de las se ocasionó un monumental perjuicio al Estado”, dijo Mola. Hizo hincapié, además, en el   Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que es un sistema que utiliza Vialidad y al que los fiscales lo definieron como “poco confiable, aunque es la fuente de indagación natural” de los datos obtenidos. “Vamos a solicitar testimonios de otras personas que no se encuentran imputadas”, dijo el fiscal, al referirse a la poca transferencia en los procesos de adjudicación y control de las obras.

“La información del SIGO sirve solamente para tener un Excell de lo que se pagó. De algo de lo que se pagó. Pero no sirve para demostrar que lo certificado se realizó. Hemos comprobado muchos pagos que no están cargados [en el sistema]”, dijo el fiscal. Y agregó: “La información del SIGO es meramente referencial. Pero aún con sus falencias y deficiencias, el perjuicio es de un cálculo para el oportuno decomiso que vamos a solicitar”.

“Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”, precisó Mola.

Fuente: La Nación.