Jujuy A DiarioEl Gobierno nacional profundiza la jubilación forzosa en el empleo público. Desde ahora, los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años sin los aportes necesarios solo podrán renovarse por seis meses, lo que los empuja a la PUAM, según datos oficiales.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y obliga a muchos empleados a pasar a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que actualmente equivale al 80 % de la jubilación mínima y asciende a $279.443. Si bien incluye cobertura de salud, no contempla pensión por fallecimiento ni los beneficios completos del sistema contributivo.
Además, la resolución establece que, para renovar contratos, los organismos deberán presentar la constancia de intimación a jubilarse cuando el trabajador cuente con más de 30 años de aportes. Hacia fines de 2024, los contratados representaban el 12,7 % del total de la planta estatal, unas 58 mil personas, cifra que ya se redujo por la no renovación de vínculos laborales.
Una parte de los alcanzados por la normativa no reúne los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria, quedando en riesgo de perder el empleo sin posibilidad inmediata de completar aportes. En paralelo, casi 1.100.000 jubilados continúan trabajando en el país, el 19 % del total, un 60 % más que hace una década.
Jubilacion forzosa en el Estado para quienes estén en edad, con o sin los años de aportes
La decisión se aplica incluso en áreas críticas, donde el trabajador es el único técnico con experiencia o en dependencias con dotaciones mínimas. Meses atrás, ya habían sido intimados a jubilarse unos 10 mil empleados públicos, más de 6.800 de planta permanente, como parte de una reestructuración del sistema previsional.
En ese marco, la dotación de la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 agentes, tras una baja interanual del 7,2 %. En total se recortaron cerca de 63.234 puestos, lo que implica una caída del 18,4 % en el Sector Público Nacional, con mayor impacto en empresas estatales y en la administración centralizada.
A esto se suma la eliminación de la moratoria previsional prevista en la ley 27.705, mecanismo por el cual durante 2024 se otorgaron seis de cada diez jubilaciones. Su final anticipa un fuerte impacto social.
Desde ATE, Rodolfo Aguiar calificó la medida como “cruel e inhumana” y advirtió que empuja a los trabajadores a elegir entre la PUAM o quedarse en la calle. También vinculó esta política con la falta de paritarias y el deterioro salarial, señalando que el Gobierno acumula decisiones contrarias al empleo estatal y a los derechos previsionales.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
