Jujuy A DiarioEn una resolución que vuelve a sacudir el panorama político y judicial argentino, el Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa conocida como “Vialidad” a pagar, en un plazo máximo de diez días hábiles, una suma que supera los $684.000 millones de pesos. Este monto corresponde al daño económico calculado por la Justicia sobre la base de fraudes en licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
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El cálculo surge tras la actualización del “perjuicio al erario público” que ya había determinado la sentencia original en diciembre de 2022 por $85 mil millones, cifra que los peritos oficiales de la Corte Suprema ajustaron por inflación a casi $685 mil millones actuales, equivalentes a más de 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Según el tribunal, el monto debe ser depositado de manera solidaria, es decir, cualquiera de los condenados puede ser obligado a cubrir la totalidad si los demás no cumplen.
La resolución fue firmada por el presidente del tribunal, el juez Jorge Gorini, quien advirtió que si no se realiza el pago dentro del plazo estipulado, la Justicia procederá al decomiso y eventual remate de los bienes embargados a los condenados. Entre estos bienes figuran propiedades, sociedades comerciales y cuentas bancarias, cuyo valor se utilizaría para completar el resarcimiento al Estado nacional.
Entre los condenados, además de Cristina Fernández de Kirchner, figuran Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos con responsabilidades en el direccionamiento y la adjudicación de obras públicas. La sentencia y la intimación han sido motivo de fuertes repercusiones políticas y sociales, reavivando el debate en torno a la corrupción y el funcionamiento de la Justicia federal.
La defensa de la expresidenta, por su parte, sostiene que el monto a pagar debería ser considerablemente menor, alegando diferentes criterios técnicos de actualización: según el perito de parte de Fernández de Kirchner, el decomiso debería rondar los $42 mil millones, apenas el 6 % de lo estipulado por la Corte Suprema. Sin embargo, la Justicia dio lugar al informe oficial, que será de cumplimiento obligatorio salvo resolución en contrario de instancias superiores.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
