El Gobierno pausa auditoría de pensiones por discapacidad y frena bajas de beneficiarios

Con el Presidente en Estados Unidos y las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina, la Casa Rosada evita definiciones inmediatas.

Por primera vez desde que asumió Javier Milei, la oposición en el Congreso logró revertir un veto presidencial. El Senado insistió con la Ley de Emergencia en Discapacidad y obligó al Ejecutivo a promulgarla, pese al rechazo inicial. La votación alcanzó 63 adhesiones contra apenas 7 rechazos, consolidando un triunfo opositor que deja a La Libertad Avanza en una posición incómoda, justo en una semana marcada por la incertidumbre electoral. Además, se dio media sanción a la modificación que limita los DNU, una herramienta clave de la gestión libertaria para sortear obstáculos parlamentarios.

El traspié llega en un momento de máxima tensión: con las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina y Milei fuera del país en reuniones con empresarios estadounidenses, la Casa Rosada decidió no tomar decisiones inmediatas. Los asesores presidenciales barajan estrategias que van desde judicializar la cuestión hasta estirar al máximo los plazos legales, mientras buscan ganar tiempo y analizar el impacto político del revés.

En paralelo, el Gobierno anunció la pausa de la auditoría sobre todas las pensiones por discapacidad mientras se desarrolla una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida luego de la filtración de audios del exdirector Diego Spagnuolo que revelaban presuntas irregularidades en compras de medicamentos. La suspensión incluye las más de 120 mil bajas de beneficiarios que se habían efectuado en los últimos años, y se mantendrá mientras se revisa el funcionamiento interno de la agencia y se analizan compras, estructuras y pensiones no contributivas. Mientras dure el proceso, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios activos.

La norma ahora reinstalada declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más, y prevé la actualización de aranceles, compensaciones económicas y reformas en las pensiones no contributivas. El presidente Milei advirtió que considera que la medida impacta negativamente en el equilibrio fiscal y analiza llevar la cuestión a la Justicia para evitar cumplir con los aumentos previstos, mientras el Ejecutivo busca encuadrar los procedimientos internos de la ANDIS y controlar los recursos que gestiona el organismo.