Jujuy A DiarioLa Asociación del Fútbol Argentino atraviesa uno de los momentos judiciales más delicados de los últimos años. El juez Diego Amarante dictó el procesamiento del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por presunta evasión fiscal vinculada a la retención indebida de aportes previsionales y tributos.
La causa investiga la omisión de depósito de impuestos y contribuciones que superan los 19.000 millones de pesos, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la resolución, los fondos retenidos a trabajadores y obligaciones patronales no habrían sido ingresados al Estado en los plazos legales.
Embargos millonarios y restricciones judiciales
En el fallo, el magistrado dispuso embargos por 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA como persona jurídica, así como también sobre los patrimonios individuales de Tapia y Toviggino. Si bien no se dictó prisión preventiva, ambos dirigentes deberán cumplir con estrictas medidas:
– Prohibición de salida del país
– Obligación de informar previamente cualquier viaje
– Restricción para ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial
Estas disposiciones refuerzan la gravedad institucional del caso, que impacta directamente en la conducción del fútbol argentino.
El rol clave de Tapia y Toviggino en la investigación
De acuerdo al análisis judicial, Tapia aparece como una figura central en la maniobra investigada, en su carácter de representante legal de la AFA. El juez consideró que tenía conocimiento de los incumplimientos reiterados y que incluso autorizó múltiples pagos electrónicos en ese contexto.
Por su parte, Toviggino fue señalado por su rol operativo en el manejo financiero. Su firma figura en la mayoría de las transferencias y cheques de la entidad, lo que lo posiciona como una pieza clave en la administración de los fondos cuestionados.
Otros dirigentes implicados en la causa
La resolución también alcanza a otros integrantes de la estructura dirigencial de la AFA, entre ellos:
Cristian Ariel Malaspina, secretario general. Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo
Todos ellos están bajo investigación por su presunta participación en el esquema de retención y falta de depósito de aportes.
La hipótesis judicial: Uso de fondos para liquidez institucional
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la hipótesis de que los montos retenidos habrían sido utilizados para incrementar la disponibilidad financiera de la AFA. Esto implicaría una priorización de necesidades económicas internas por sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Defensa y próximos pasos judiciales
Durante las indagatorias realizadas en marzo, los acusados optaron por presentar escritos y evitar responder preguntas. Las defensas sostienen la inexistencia de delito, postura que fue rechazada en esta instancia.
Ahora, el expediente pasará a revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá determinar si confirma los procesamientos o introduce modificaciones en el rumbo de la causa.
Impacto institucional y escenario abierto
El procesamiento de la máxima conducción de la AFA abre un escenario de incertidumbre tanto en el plano institucional como en el deportivo. Mientras la causa avanza en la Justicia, el fútbol argentino queda bajo una fuerte presión pública y mediática, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de sus recursos.
La evolución del caso será determinante no solo para el futuro judicial de los implicados, sino también para la credibilidad de la dirigencia que conduce uno de los organismos más influyentes del deporte nacional.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
