Escándalo en Aeroparque: detectan valijas sin control aduanero en vuelo vinculado al Gobierno

Una exazafata ligada a la CPAC ingresó al país con diez valijas sin pasar por Aduana. La Justicia analiza el caso y pone en jaque la versión oficial.

La Justicia federal investiga un posible caso de contrabando luego de que se confirmara que una pasajera vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) ingresó a la Argentina en un vuelo privado con diez valijas que no fueron revisadas por Aduana. Se trata de Laura Belén Arrieta, exazafata de 32 años y organizadora del evento ultraconservador que en diciembre pasado tuvo a Javier Milei como figura central. La investigación incluye nuevas pruebas fílmicas y declaraciones de funcionarios que refuerzan las sospechas de un trato privilegiado por parte de personal aduanero.

El hecho ocurrió en marzo, cuando Arrieta regresó desde Miami en un avión de la firma Royal Class —propiedad de Leonardo Scatturice, empresario cercano a La Libertad Avanza— y fue recibida sin que sus valijas atravesaran los controles correspondientes. A pesar de que el Gobierno intentó desligarse del episodio, argumentando que “se cumplieron todos los protocolos”, las cámaras de seguridad muestran lo contrario: Arrieta y otros dos tripulantes fueron desviados del circuito habitual de inspección y no pasaron por los escáneres.

Según el dictamen de los fiscales del caso, esa decisión “fue expresa y directa del personal de Aduana, a pesar de contar con los medios tecnológicos para llevar a cabo la revisión”. Además, se detectaron irregularidades en el plan de vuelo, ya que se declaró que la nave había partido de Fort Lauderdale, cuando en realidad lo hizo desde Opa-Locka, y no se informó su posterior destino real: París. La ANAC tampoco había registrado la aeronave de forma adecuada.

El escándalo ya tuvo impacto político: el diputado nacional Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo brinde explicaciones formales. Mientras tanto, la causa avanza con la hipótesis de contrabando agravado, falsedad documental y posible encubrimiento de funcionarios públicos. Las revelaciones, que contradicen la versión oficial, podrían complicar aún más al entorno presidencial en un contexto de creciente tensión institucional.