El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ratificó este lunes que enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa clave de las reformas de segundo orden para endurecer penas y combatir la inseguridad. El anuncio lo realizaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, quienes destacaron que el texto “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie” al agravar penas, agilizar la Justicia y eliminar la “puerta giratoria”
Principales ejes de la reforma
La reforma unifica más de mil leyes penales dispersas en un solo cuerpo normativo, inspirado en jurisprudencia de la Corte Suprema y experiencias de España y Estados Unidos, con énfasis en proteger vida, propiedad, libertad, familia, honor, equilibrio fiscal e igualdad. Introduce un nuevo sistema de agravantes y atenuantes, mayor rol para las víctimas —que podrán intervenir en todo momento—, decomiso anticipado de bienes y responsabilidad penal plena para personas jurídicas.
Además, amplía el régimen de “imputado colaborador”, seguimiento socio-judicial post-pena y aplicación retroactiva de leyes de emergencia, con el 82 % de delitos ejecutados con prisión efectiva.
Entre los ajustes clave, se elevan penas para homicidios simples a 30 años, agravados a perpetua, y culposos por conducción imprudente; se crean figuras como “stealthing” (retiro de preservativo sin consentimiento), acoso/hostigamiento, “secuestro virtual”, estafas con IA, pornovenganza y delitos informáticos.
Se endurecen sanciones por narcotráfico, trata, grooming, corrupción deportiva, piquetes, crueldad animal, delitos ambientales y de odio/discriminación contra vulnerables; delitos graves como homicidio, abusos sexuales y narcotráfico se vuelven imprescriptibles. Incluye responsabilidad por omisión en jerarquías y penas accesorias como “días-multa” convertibles en prisión.
El proyecto surgió de una comisión de juristas presidida por especialistas como Mariano Borinsky y Jorge Buompadre, presentado por Milei y Bullrich en octubre de 2025 en Ezeiza, con consultas a magistrados, fiscales y organizaciones como AMIA y Madres del Dolor.
Surge en medio de críticas por “populismo penal” de opositores y juristas, que cuestionan la falta de pluralidad y el aumento generalizado de penas sin resolver problemas estructurales como la celeridad judicial. El envío inminente al Congreso responde a la demanda social por seguridad, en un año marcado por tensiones legislativas y el compromiso de Milei con “tolerancia cero” a la delincuencia.













