La actualización de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad tendrá un alivio a partir de octubre, aunque los beneficios centrales de la ley de emergencia siguen trabados en el Congreso.
Desde el 1° de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) contará con un refuerzo presupuestario para atender reclamos de instituciones, transportes, escuelas y terapias contempladas en la Ley 24.901. La medida surge de una reasignación de partidas dispuesta por la Jefatura de Gabinete, que busca acortar las demoras en la cadena de pagos y dar respuesta parcial a los prestadores.
Sin embargo, la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, promulgada días atrás, continúa suspendida en su ejecución. Por disposición legal, su aplicación depende de que el Congreso apruebe créditos y fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026, lo que deja en pausa la compensación por inflación, la movilidad mensual de aranceles, la creación de una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y la ampliación del programa Incluir Salud.
Según cifras oficiales, la necesidad total de crédito para este año ronda los $3 billones, equivalente al 0,35% del PBI. El refuerzo actual permitirá sostener el esquema vigente, pero el verdadero alcance de la emergencia quedará sujeto a la discusión parlamentaria que comenzará en las próximas semanas.