Cielo SánchezLa prórroga del periodo extraordinario hasta el 15 de febrero abre la puerta a negociaciones entre el oficialismo y bloques dialoguistas en busca de consensos para la polémica ley.
El Gobierno decidió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, buscando acelerar los tiempos para la discusión y aprobación de la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
Este anuncio se produce en un momento clave, con el oficialismo de la Cámara de Diputados intensificando los contactos informales con legisladores considerados dialoguistas para afinar los últimos detalles del proyecto.
El objetivo claro del Gobierno es emitir dictamen del proyecto entre el lunes y martes de la próxima semana y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT. Para cumplir con estos tiempos, la prórroga de las sesiones extraordinarias se extiende desde el 1 hasta el 15 de febrero, siguiendo las reglas del reglamento de Diputados que exige la firma de dictámenes 10 días antes del final del período.
La extensión del periodo extraordinario también brinda margen al Senado, que podría emitir un posible dictamen el 31 de enero y tratar la ley en el recinto el 7 o el 14 de febrero, según un borrador que circula en los despachos.
En cuanto a las negociaciones en Diputados, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal avanzaron en consensos, destacándose la posibilidad de modificar aspectos clave relacionados con movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas.
El acuerdo propone acotar la emergencia pública a un año, con una prórroga adicional de un año otorgada previamente por el Parlamento.Otro punto relevante es la eliminación del artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo.
Sin embargo, aún hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la conformación de dicha comisión.El consenso alcanzado busca limitar el plazo de vigencia de la emergencia a cuatro años, con la posibilidad de una prórroga adicional por el Poder Ejecutivo. Se fija en 0% las retenciones para economías regionales, se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación y se excluyen de la privatización empresas como YPF, el Banco Nación y Arsat.
En el ámbito de la producción, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se revierte la derogación de la Ley de Azúcar.
Fuente: Filo News
Jujuy A Diario
Andrea M. Cabrera
