El Ministerio de Seguridad acusa a la jueza Karina Andrade de prevaricato y otros delitos tras liberar a 114 detenidos en una protesta.
El Ministerio de Seguridad ha interpuesto una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 personas detenidas durante una marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La jueza, que ejerce en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumentó que no existían delitos en contra de los detenidos y que su detención violaba la Constitución.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó la denuncia en el fuero federal, acusando a la magistrada de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según Bullrich, la acción judicial responde a “las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo”.
La decisión de la jueza Andrade de liberar a los detenidos generó controversia, ya que el Ministerio de Seguridad sostiene que su actuación fue irregular y contraria a los procedimientos legales establecidos. La denuncia busca que se investigue si la jueza actuó de manera intencionada para favorecer a los detenidos, lo que constituiría un delito de prevaricato.

El contexto de la marcha, que reunió a jubilados en reclamo de mejoras en sus condiciones, se vio empañado por incidentes que llevaron a la detención de más de un centenar de personas. La liberación de estos detenidos por parte de la jueza Andrade fue interpretada por el Ministerio como un acto de encubrimiento agravado.