La iniciativa contó con el apoyo de casi todos los bloques.
La Cámara de Diputados debatió media docena de proyectos de consenso, entre los que se destacaron la reforma de la ley de barrios populares, el régimen de fomento de la innovación tecnológica y la expropiación de República Cromañón para la construcción de un espacio para la memoria.
La ley establece la actualización de prorroga la suspensión de los desalojos por diez años, y refrenda la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) aprobada por decreto el año pasado. Al momento de la aprobación de la ley, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación habrá 5.687 asentamientos populares.
Además, se declara la emergencia socioambiental para agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y programas de urbanización.
“El próximo paso será garantizar un fondeo plurianual que otorgue continuidad a las obras que se están realizando en más de 700 barrios y las nuevas que vendrán. Somos conscientes que no alcanza solo con la integración social y urbana de nuestros barrios, para poder tener el país digno y feliz que queremos pero también es cierto que sin esa transformación, aquella Argentina será imposible”, indicó Fernanda Miño, actual secretaria nacional de Integración Socio Urbana y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).