Jujuy A DiarioEl decomiso y la administración de los bienes de Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema representan un avance histórico en el sistema de justicia argentino, en un contexto donde la expresidenta y actual vicepresidenta enfrenta varias causas por corrupción y delitos económicos. La decisión de la Corte se enmarca en un proceso judicial que busca recuperar fondos y activos vinculados a delitos cometidos durante su mandato, específicamente en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante su gestión.
Desde 2022, la Justicia argentina ha ordenado el decomiso de una cantidad récord de bienes a Cristina Kirchner y a otros involucrados en delitos relacionados con la obra pública. La cifra actual, que supera los 684 mil millones de pesos, equivale aproximadamente a 480 millones de dólares y abarca más de 80 propiedades, incluyendo inmuebles, sociedades y activos que, según el fallo, formaron parte del circuito ilícito. Entre los bienes se incluyen inmuebles en Buenos Aires, Santa Cruz y en ciudades como El Calafate, además de propiedades heredadas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La judicialización del patrimonio de la exmandataria busca no solo sancionar y recuperar bienes de procedimientos ilícitos, sino también fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en Argentina. La medida, que la Corte Suprema ha asumido con autoridad, asegura que el proceso de subasta y venta de estas propiedades se realice bajo controles estrictos, con transparencia y en cumplimiento de las normativas legales. La finalidad última es que los fondos recuperados puedan ser utilizados para reparar en parte los daños ocasionados al Estado y a la sociedad, cerrando un ciclo en el proceso judicial que la involucra.
Este paso institucional refleja también una clara señal política y judicial, que reafirma la independencia y la fortaleza del sistema judicial frente a figuras de alto perfil como Cristina Kirchner. La medida ha sido recibida con diferentes reacciones: desde el respaldo de sectores que consideran un avance en la lucha contra la corrupción, hasta críticas sobre la legitimidad y el marco legal del proceso, por parte de quienes cuestionan el origen y método del cálculo del monto de decomiso. Sin embargo, lo cierto es que esta acción judicial se enmarca en una serie de procesos que buscan esclarecer y sancionar prácticas ilícitas cometidas en el pasado reciente del país.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
