Cierran los alegatos de la fiscalía en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y pedirán la pena máxima de 10 años

Este lunes será la última de las nueve audiencias otorgadas a la Fiscalía para la exposición de los alegatos en la Causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esta audiencia de alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF), los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán una condena ejemplar para la expresidenta y el resto de los imputados.

Cuando su exposición termine, habrán sumado unas 80 horas trazando un recorrido de presuntas conductas ilegales, revisando licitación por licitación, contrato por contrato, auditoria por auditoria, hasta concluir que toda la operatoria de Austral Construcciones fue dirigida para obtener fondos públicos, sin trabas ni controles, pues consideraron probado que los Kirchner se ocuparon de diseñar dentro del Estado un sistema a la medida de su plan criminal.

Durante ocho jornadas, los fiscales se detuvieron a describir los delitos que impulsarán su petitorio: Asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Con un registro didáctico, fueron enfáticos al presentar su hipótesis, sin escatimar en ejemplos ni comparaciones, con el propósito de que cualquier persona que accediera a ver su presentación pudiera comprenderla, y quizás, indignarse junto con ellos.

Sin dudar, aseguraron que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”; revelaron cómo se habría orquestado el “direccionamiento” de las licitaciones de obras viales en Santa Cruz; hablaron de “canales exclusivos” para cobrar los contratos ilegales; de una “manada de elefantes rosas” que nunca habrían detectado los encargados de controlar el cumplimiento de los acuerdos firmados; y, del “plan para limpiar todo” que habría ordenado la retirada cuando el kirchnerismo perdió la elecciones en 2015.

Después de escuchar sus argumentos, a nadie sorprenderá que los fiscales soliciten la pena máxima prevista por el Código Penal. Aunque Luciani y Mola se mantienen herméticos con la prensa para que no se filtre el monto del castigo que requerirán para cada procesado, tienen todo decidido.

La fiscalía podría solicitar la pena máxima

El viernes pasado Diego Luciani se refirió a la calificación penal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

A su vez, el fiscal Sergio Mola delineó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sostuvo que, a excepción de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y los demás exfuncionarios públicos nacionales o provinciales, tenían a su cargo la administración del patrimonio público.

En este aspecto, Mola apuntó que “la expresidente tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel, para que llevaran a cabo de manera sostenida la maniobra”

Es así que concluyeron que la supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado, tenía como jefes al fallecido Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. En tanto, sus organizadores eran De Vido, López y Periotti. Los demás fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta.

De este modo, el articulo 210 del Codigo Penal, establece que “será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación”.

En tanto, el artículo 172, en el capítulo de Estafas, fija la sanción de un mes a seis años, para quien cometiera fraude.

Como los delitos son en concurso real (es decir que se encuadra más de una figura delictiva) podrán sumarse las penas en lugar de correr simultáneamente.

De este modo, los fiscales podrían calcular para Cristina Kirchner hasta 16 años de prisión, y para los demás acusados, podrían evaluar la escala penal, tomando en cuenta su grado de responsabilidad en la organización, sus condiciones personales o sus antecedentes.

¿Qué dijeron los fiscales sobre el destino del dinero robado?

Para la fiscalía, Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner. Como parte de la trampa, desvió una porción considerable de los fondos públicos percibidos en concepto de adelantos financieros y otros certificados de obra, para la compra de tierras en Santa Cruz.

Según detalló Luciani, el empresario compró 293 inmuebles y 972 vehículos, entre autos y máquinas de vialidad.

También presentó un testamento firmado por Lázaro Báez en julio de 2010, donde dispuso que sus bienes no pudiesen ser distribuidos entre sus herederos legítimos por el término de 30 años después de su fallecimiento.

El fiscal valoró ese documento como una expresión de la relación directa que mantuvo con los ex presidentes, porque el objetivo era evitar que estos bienes ingresen al patrimonio de sus herederos legítimos (sus hijos) y asegurarles a sus auténticos dueños la continuidad de los beneficios.

En definitiva, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Báez era titular de 415 mil hectáreas en la provincia de Santa Cruz, equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani dijo que “en estas propiedades está la plata que no pusieron en las rutas”