Jujuy A Diario
La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más emblemáticos de la última década en Argentina, sumó un nuevo capítulo: La Justicia ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados restituir al Estado la suma de $684.990.350.139,86 (casi 685 mil millones de pesos), según la actualización realizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo responde a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La investigación determinó que el empresario Lázaro Báez, a través de sus empresas, recibió el 86 % de las obras viales nacionales financiadas en ese período, con sobreprecios del 64 % y rutas que quedaron inconclusas pese a haber sido pagadas.
La cifra original, fijada en 86 mil millones de pesos en 2022, fue actualizada por la inflación y el contexto económico actual, alcanzando el monto de 685 mil millones.
Los condenados y el proceso judicial
Los principales condenados son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas José López, todos con penas de seis años de prisión por administración fraudulenta.
La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025, cerrando la etapa de apelaciones y habilitando la ejecución de las penas y el cobro de los fondos.
El monto debe ser devuelto de manera solidaria, es decir, todos los condenados responden en conjunto por la totalidad de la cifra establecida.
Plazos y ejecución
El Tribunal Oral Federal 2 otorgó 10 días hábiles a los condenados para depositar el dinero o entregar bienes equivalentes.
Si no cumplen, se avanzará con la ejecución de embargos, subastas o inhibiciones de bienes para cubrir el monto reclamado.
El proceso de ejecución implica la identificación de activos y posibles medidas cautelares para garantizar el recupero de los fondos públicos desviados
La sentencia marca un hito en la lucha contra la corrupción en la obra pública y tiene un fuerte impacto político y judicial.
La magnitud del monto a recuperar refleja la escala del caso y el daño económico que, según la Justicia, sufrió el Estado argentino por una “fenomenal maniobra defraudatoria” a lo largo de más de una década.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
